Cristina dijo que "es evidente que va a haber una condena" en su contra en la causa Vialidad. En una entrevista con el medio brasileño Folha de San Pablo, reafirmó que esa sentencia está "escrita" desde 2019 y dijo que, en esa investigación, "se violaron todas las garantías constitucionales". Consideró que los objetivos de la persecución son: "controlar la voluntad popular", "proteger" a los políticos afines y "disciplinar a los dirigentes políticos para que todo aquel que tenga una idea de cambio, de defensa del patrimonio nacional y de los sectores más excluidos, lo piense dos veces".

Los partidos que integran el Frente de Todos anticiparon su respaldo a Cristina, que se encuentra a la espera del veredicto que dará a conocer hoy. Organizaciones sociales realizarán una vigilia desde las 9 de la mañana frente a Comodoro Py.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió que "si la tocan a Cristina, paramos el Estado". En el caso de las centrales sindicales y los movimientos sociales, al igual que el peronismo bonaerense y los intendentes, esperarán una señal de los dirigentes para volcarse a las calles.

 
El excamarista Eduardo Freiler planteó sobre la Causa Vialidad que los jueces  Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso "han tratado de ajustar los resultados de la sentencia al cronograma electoral argentino". "Contradicen abiertamente los tiempos para dar los fundamentos”, agregó. Pasó en Caput.  Escuchalo: https://bit.ly/3VzTzV7
 
Alberto Fernández pidió en cadena nacional que se investigue a los jueces, fiscales, empresarios que participaron en el viaje financiado por el grupo Clarín a la mansión de Joe Lewis en el Lago Escondido. El presidente calificó de "promiscuidad antirrepublicana" la conducta de los involucrados “que hasta aquí se han sentido impunes".

 
El presidente instruyó al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, para que pida la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los jueces federales que viajaron a Lago Escondido. También le ordenó al ministro de Justicia, Martín Soria, que se presente ante el Ministerio Público Fiscal para investigar "los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento". 
 
Los integrantes del bloque de diputados y el interbloque de senadores del Frente de Todos repudiaron la conducta de los jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín,  publicistas, el ex agente de inteligencia y el ministro de Seguridad porteño que intercambiaron chats para ocultar el vuelo privado a Lago Escondido. También exigieron una "inmediata investigación y condena", así como la renuncia de los involucrados.

 
El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos anunció que pedirá el juicio político contra el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y el fiscal general del distrito, Juan Bautista Mahiques. El bloque difundió los proyectos para que se "forme una causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones". Alberto Fernández había pedido que el bloque evalúe la conducta de los implicados y presente un pedido de juicio político en caso que corresponda.
 
A todo esto, Horacio Rodríguez Larreta dijo que es una “operación del kirchnerismo,” que habló con Marcelo D'alessandro y que confía en sus palabras. Afirmó que él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga. D'alessandro dijo que se trata de “una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa” y que presentará una denuncia penal.
 

El juez Juan Ramos Padilla aseguró que "es necesaria una reacción del pueblo y que los dirigentes se den cuenta de la gravedad en la que está el país". "Ninguno de los involucrados en los chats desmintió nada", resaltó. "El tiempo es muy peligroso, ojalá se resuelva antes de que terminen de debilitar al gobierno y logren hacer lo que quieren hacer". Pasó en Caput.  Escuchalo en radiocaput.com
 
Dos causas judiciales se iniciaron en las últimas horas en relación con la  información que trascendió durante el fin de semana sobre el viaje de jueces y funcionarios a Lago Escondido. Los propios viajeros presentaron el domingo una denuncia por espionaje ilegal en su contra, que recayó ante el juez Ariel Lijo. La otra la presentó una ONG contra los viajeros y recayó en el juzgado de María Servini. (Informó Néstor Espósito).
 
Tras el viaje financiado por Clarín a Lago Escondido, hubo una catarata de manifestaciones de repudio. La Universidad de Lanús señaló que “esta connivencia entre magistrados, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación y agentes de inteligencia atenta contra la institucionalidad democrática". El sindicado docente Feduba manifestó su “preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial, la división de poderes y la total falta de capacidad ética y moral” de los involucrados en el viaje.
 
La situación de convivencia entre el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti atraviesa un momento ríspido en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina. El fiscal intentó devolverle la investigación a la jueza, al argumentar que tras el rechazo a la recusación ya no hay razones para que la delegue, pero Capuchetti le respondió que la facultad de delegar la tiene el juez y que ella decidió que siguiera investigando Rívolo. (Informó Néstor Espósito).
 Fuente: Info Siberia