La motosierra de Milei arrasa con el sueño de la casa propia, mientras Kicillof recoge los escombros

El ministro de Economía, armado con las facultades extraordinarias de la Ley Bases, decidió darle el golpe final: el Fondo Fiduciario Procrear quedó en el pasado, los créditos en ejecución fueron transferidos al Banco Hipotecario y las tierras destinadas a vivienda social volvieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), porque aparentemente, es más útil tener terrenos vacíos que casas ocupadas.

Recortes con justificativo

La medida fue presentada como un avance hacia la eficiencia del Estado, bajo la noble premisa de "reducir el sobredimensionamiento y transparentar el gasto". Según los informes oficiales, el Procrear acumulaba problemas: retrasos en la entrega de viviendas, condiciones de habitabilidad cuestionables y sobrecostos generados por las demoras. Pero, en lugar de mejorar la gestión, la solución fue simple: cortarlo de raíz y dejar que el mercado haga su magia.

Claro, porque ¿quién mejor que los bancos comerciales para ofrecer créditos accesibles a las familias trabajadoras? Hasta ahora, el sector financiero no ha sido precisamente generoso con los préstamos hipotecarios, pero tal vez este sea el momento en que los banqueros descubran su vocación social. O no.

17.000 viviendas en pausa y provincias al rescate

El desmantelamiento del Procrear deja en el aire unas 17.000 viviendas con distintos niveles de avance en todo el país. La estrategia del Gobierno fue clara: que se encarguen las provincias y municipios. A algunos distritos ya les trasladaron proyectos inconclusos, y en Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof asumió la tarea de finalizarlos con fondos provinciales, demostrando que en algunos rincones del país aún se reconoce el derecho a la vivienda.

Mientras el ajuste arrasa con lo poco que queda de planificación estatal, los gobiernos provinciales y municipales definen ahora cómo adjudicar las viviendas que lograron terminar. Sorteos, ventas, asociaciones con el sector privado—cualquier opción es válida en este nuevo esquema donde la vivienda ya no es una prioridad nacional.

La época ganada

En enero de 2021, miles de familias celebraban la posibilidad de acceder a una vivienda gracias al programa Procrear, cuyo sorteo se transmitía por la TV Pública con la presencia del pehuajense Avelino Zurro.

En aquella jornada, más de 1.200 unidades fueron adjudicadas en distintos puntos del país, bajo una nueva fórmula crediticia vinculada a la evolución salarial, garantizando estabilidad y previsibilidad. Para muchos, era la demostración de que una política pública bien gestionada podía transformar el derecho a la vivienda en realidad, generando empleo y dinamizando la economía local.

El futuro: que el mercado decida

La liquidación del Procrear forma parte de una reforma más amplia, cuyo objetivo es replegar la intervención estatal en la construcción de viviendas y dejar la responsabilidad a los bancos y empresas constructoras. A partir de ahora, quien necesite un crédito hipotecario dependerá de las condiciones del mercado financiero, no de programas estatales pensados para sectores medios y trabajadores.

Desde el Gobierno aseguran que este modelo es más eficiente, más transparente y más moderno. Claro que para las miles de familias que esperaban su casa, la transparencia y modernidad no llenan el vacío de una vivienda que nunca llegará.

¿Hace falta comparar la diferencia entre un país con estado presente y uno que abandona a su pueblo a las garras del mercado? 

Esto decía el gobernador Axel Kicillof en Pehuajó a fines del 2024 justo en una entrega de viviendas.

La disolución del Procrear marca el fin de una era en la política habitacional. El acceso a la vivienda queda ahora a merced de bancos y constructoras, con créditos hipotecarios cuya accesibilidad dependerá de las condiciones del mercado. Lo que en 2021 era una política federal con impacto social, hoy se reduce a una fría ecuación de ajuste y retiro estatal.