Ola de despidos y reestructuraciones en varias áreas del gobierno.

En las últimas horas del 2024, diversos organismos del gobierno nacional han experimentado despidos masivos y cierres abruptos, lo que ha generado una profunda preocupación entre los trabajadores y las organizaciones de derechos humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, bajo la dirección de Alberto Baños y dependiente del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, envió un mensaje por WhatsApp a sus empleados, informándoles que el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA, sería cerrado a partir del 2 de enero de 2025. El comunicado explicaba que el cierre tiene como objetivo "velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante". Los empleados han sido puestos en guardia pasiva y deberán permanecer en sus domicilios a la espera de nuevas instrucciones. (Informó Giselle Tepper. Fuente: Siberia Remolino)

Además, en la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor (DNRPA), varios trabajadores recibieron telegramas de despido en vísperas del Año Nuevo. La situación es similar en Parques Nacionales, donde se han reportado al menos 30 despidos adicionales.

Según datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dotación de personal en la administración pública nacional se redujo de 343.353 a fines de 2023 a 304.191 al finalizar 2024. Esta reducción implica que alrededor de 40.000 empleados públicos fueron despedidos a lo largo del año que acaba de concluir.

Ante esta situación, la Junta Interna de ATE Capital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha convocado a una asamblea unificada para hoy a las 10 horas en la ex ESMA, con el fin de discutir el "desmantelamiento y peligro de cierre" del organismo.

Los recientes despidos y cierres en diversas áreas del gobierno reflejan una preocupante tendencia hacia la reducción del personal en la administración pública, generando incertidumbre y malestar entre los trabajadores afectados. Las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos están en alerta, y se espera que continúen las acciones y movilizaciones en defensa de los derechos laborales.