Estafa a más de 160 familias del PROCREAR: denuncian que el Gobierno entregó sus viviendas a las Fuerzas de Seguridad

Más de 160 familias adjudicatarias del plan PROCREAR en Avellaneda denuncian haber sido víctimas de una estafa y acusan directamente al Gobierno nacional, y en particular a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de entregar sus viviendas a las fuerzas de seguridad, desconociendo por completo los procesos administrativos, legales y crediticios ya cumplidos por los verdaderos beneficiarios.

La situación fue expuesta públicamente por varias de las personas damnificadas, que compartieron sus historias de esfuerzo, esperanza y frustración. En todos los casos, los testimonios coinciden: se inscribieron en tiempo y forma, pasaron rigurosas evaluaciones crediticias, recibieron la adjudicación por sorteo y presentaron la documentación exigida, entre ella, constancia de ingresos, años de residencia en la localidad y declaraciones juradas. Incluso, en varios casos, se realizó la verificación ambiental y se aprobó el crédito por parte del Banco Hipotecario.

Una de las damnificadas, Andrea Stafolani, relató entre lágrimas:

“Me anoté, cumplí todos los requisitos. Me avisaron por mail que había salido sorteada el 23 de noviembre. En diciembre presenté todo en la Municipalidad. Me dijeron que en febrero de 2024 nos entregaban las llaves. Pero luego asumió el nuevo gobierno y empezamos a recibir solo silencio. El 12 de junio me enteré por redes que el edificio sería entregado a las fuerzas de seguridad. No lo podía creer. Yo tengo 52 años, soy trabajadora, no quiero que me regalen nada. Solo quiero que me respeten el derecho a pagar por mi vivienda”.

Otro testimonio estremecedor es el de Silvia Navarrete, jubilada, quien vio en este plan su última oportunidad de acceder a una vivienda digna:

“Yo tenía 63 años cuando me inscribí. Era la única posibilidad de tener un crédito. Durante más de un año presentamos documentos, nos comunicamos con el Ministerio, fuimos al Banco Hipotecario. Jamás nos ocultamos. Hicimos incluso amparos individuales. Y el 10 de junio nos encontramos con la policía militarizando el edificio y ocupándolo. Nos usurparon nuestras casas”.

Daniel Adrián, otro adjudicatario, logró incluso que le aprobaran el crédito en enero de 2024.

“Me llegó la tarjeta del banco, me informaron la cuota que iba a pagar. Solo faltaba firmar el boleto de compraventa y mudarme. El edificio estaba listo. Y de pronto dejaron de contestarnos. Nos borraron de los registros. Nos ignoraron. Y ahora nos enteramos que entregaron el edificio a otras personas”.

Las familias afectadas aseguran que todo el procedimiento fue legítimo y documentado. Tienen en su poder mails oficiales, comprobantes de adjudicación y las comunicaciones formales del Banco Hipotecario. La bronca y la angustia crecieron cuando se conoció que el edificio fue entregado sin previo aviso a las fuerzas de seguridad, bajo el argumento de necesidad habitacional institucional.

Desde el colectivo "Sagol en lucha" (en alusión al nombre del complejo), sostienen que esta decisión constituye una violación a derechos adquiridos, y que equivale a una "usurpación legalizada" por parte del Estado. La única figura pública que, según relatan, se solidarizó con ellos y está colaborando jurídicamente, es el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, quien los está asistiendo en la preparación de un recurso de amparo colectivo.

Por otro lado, las familias denuncian que esta maniobra se llevó a cabo en silencio y de forma intencionalmente oculta, el 10 de junio, el mismo día en que se conoció el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que habría desviado la atención mediática.

“Fue premeditado. Eligieron ese día para que no salga en los medios. Sólo los medios locales lo cubrieron. Fue una maniobra siniestra”, sostuvo una de las voceras del grupo.
Actualmente, la causa avanza en la Justicia, y los damnificados exigen una respuesta institucional inmediata, la restitución de sus derechos como adjudicatarios legítimos y la reapertura del canal de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Hasta el momento, no han recibido explicaciones oficiales ni de ese ministerio ni del de Seguridad.

La situación se presenta como una de las denuncias más graves contra el gobierno de Javier Milei en materia de vivienda y derechos adquiridos, y podría escalar en el plano judicial y político. Mientras tanto, las familias siguen organizadas, movilizadas y firmes en su reclamo:

“No nos van a borrar. No nos vamos a rendir”.