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Fracasa sesión clave en Diputados por falta de quórum y crecen las tensiones sociales y políticas

La Cámara baja no alcanzó los 129 presentes necesarios para debatir temas urgentes como la moratoria jubilatoria, el bono para jubilados, la emergencia climática y una presunta estafa presidencial. Parte de las ausencias se vinculan con decisiones políticas de gobernadores. Mientras tanto, el descontento social se intensifica con paros y movilizaciones en todo el país.

Nacionales22/05/2025Pedro Miguel MassolaPedro Miguel Massola
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Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación no logró alcanzar el quórum necesario para sesionar, dejando sin tratamiento una serie de proyectos de alto impacto social. Entre los temas que no pudieron debatirse figuraban la extensión de la moratoria previsional, el aumento del bono para jubilados, la declaración de emergencia en municipios afectados por el temporal y el pedido de investigación sobre una presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra, que comprometería al Poder Ejecutivo.

La sesión fracasó por la ausencia de cinco diputados, quedando en 124 el número de presentes. De los 98 legisladores que integran el bloque de Unión por la Patria, ocho estuvieron ausentes. Cuatro de ellos —Celia Campitelli, Ricardo Daives, José Gómez y Bernardo Herrera— pertenecen a la provincia de Santiago del Estero y responden políticamente al gobernador Gerardo Zamora. A su vez, los dos diputados catamarqueños ausentes —Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez— están alineados con el gobernador Raúl Jalil. También faltaron Eugenia Alianiello, de Chubut, y Natalia Zabala Chacur, de San Luis.

Las ausencias llamaron la atención dentro del oficialismo y la oposición. En algunos casos, como el de los diputados santiagueños, se adujeron problemas con los vuelos. Sin embargo, la excusa fue puesta en duda por varios sectores del Congreso, especialmente al observar que el diputado Leopoldo Moreau, de 78 años, se hizo presente en el recinto pese a haberse sometido a una cirugía cardíaca apenas horas antes.

Desde diversos bloques parlamentarios comenzó a cobrar fuerza una lectura política de estas ausencias. Si bien los diputados responden formalmente a Unión por la Patria, los gobernadores que los respaldan parecen haber definido estratégicamente su inasistencia. Esta postura sugiere una posible señal de distancia o negociación con el bloque mayoritario en Diputados, en un contexto donde los mandatarios provinciales enfrentan presiones fiscales, reclamos salariales y situaciones críticas en sus jurisdicciones.

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La actitud de los gobernadores Zamora y Jalil, en particular, ha generado especulaciones sobre un eventual intento de preservar autonomía frente a decisiones impulsadas por el Congreso o incluso por la conducción nacional de su propio espacio político. La falta de compromiso en esta instancia legislativa alimentó versiones de que algunos mandatarios provinciales estarían priorizando sus agendas territoriales ante un escenario nacional marcado por la incertidumbre económica y la pérdida de poder del Gobierno central.

En contraste, bloques minoritarios demostraron un alto nivel de asistencia. De Encuentro Federal concurrieron 11 de sus 15 integrantes; de Democracia para Siempre, 10 de 12; el Frente de Izquierda tuvo una presencia de 4 de sus 5 miembros; y los seis legisladores de la Coalición Cívica también estuvieron presentes. Julio César Cleto Cobos fue el único representante radical que se hizo presente. En cambio, se registró una ausencia total de diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR (salvo Cobos), Innovación Federal, Liga del Interior, MID, Futuro y Libertad, Producción y Trabajo y varios monobloques.

En paralelo al bloqueo legislativo, el Gobierno nacional avanzó con medidas ejecutivas. Mediante el Decreto 340, se desreguló el cabotaje marítimo, habilitando a buques extranjeros a operar en rutas de navegación interna bajo bandera argentina. La norma también declaró a la navegación comercial como servicio esencial, lo que restringe el derecho a huelga. La decisión fue duramente cuestionada por sindicatos del sector, que denunciaron un riesgo para la soberanía, el empleo y la seguridad.

La respuesta gremial no tardó en manifestarse. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza hoy un paro nacional con movilizaciones en todo el país. Sus reclamos incluyen la reapertura de paritarias, el rechazo a la fusión y cierre de organismos públicos, la restitución de fondos a las provincias y la reincorporación de trabajadores despedidos. En su plataforma de lucha también se opone al Decreto 340.

En el ámbito educativo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) protagoniza un paro nacional en rechazo a los recortes en educación y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Asimismo, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se movilizan desde Plaza Houssay hacia el Palacio Pizzurno exigiendo recomposición salarial, aumento de becas y una ley de financiamiento universitario.

Por otra parte, el INDEC informó que la actividad económica cayó un 1,8 % en marzo en comparación con febrero, reflejando el impacto del ajuste. Mientras tanto, el Gobierno anunció que eliminará los subsidios eléctricos para los residentes en barrios cerrados y en la zona de Puerto Madero.

En el extremo sur del país, la provincia de Tierra del Fuego enfrenta un paro general de 24 horas, en respuesta a la eliminación de aranceles para productos electrónicos importados. La protesta, encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, ya lleva nueve días de huelga por tiempo indeterminado y se ha extendido a todos los gremios, afectando también al transporte público.

En conclusión, la combinación de maniobras políticas dentro del Congreso, ausencias legislativas que responden a decisiones provinciales y un creciente malestar social reflejan una coyuntura de alta fragilidad institucional. La incapacidad de sesionar en Diputados no solo dilata la resolución de temas urgentes, sino que expone con crudeza las tensiones entre los distintos niveles del poder político argentino.

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