Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se constituyó en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285 instituida en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y que se mantenía vigente.

El proyecto original presentado en agosto de 2009 estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país. Luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley.

El Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, lo que paralizó la plena aplicación de la ley durante más de cuatro años. El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley.

La corte suprema falló a favor de la ley

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la ley de medios. El fallo, de 392 páginas, fue firmado por todos los jueces, aunque no hubo unanimidad de criterio.

El argumento central de los magistrados que votaron a favor fue que la norma "es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces".

"Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes", apunta el fallo. Y agrega que la ley es coherente "con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información".

Sin embargo en  diciembre de 2015, mediante un decreto del presidente Mauricio Macri, se modificaron los artículos que regulan la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley

Macri modifica por decreto la Ley de Medios

Los planes de Macri "buscarían beneficiar al grupo Clarín", dijeron los defensores de la ley ya que el 4 de enero del 2016 Mauricio modificaba  a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y creaba el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM),  disolviendo  organismos regulatorios,  pese a que un juez había dictado una medida para frenar cambios.

Los críticos del plan de Macri sostienen que el cambio en las regulaciones buscaría beneficiar a los grupos de medios obligados a desprenderse de numerosas licencias por la ley de medios aprobada por el Congreso durante el kirchnerismo, entre ellos el Grupo Clarín.

El decreto cambiaba  el artículo 41 de la ley de medios que restringía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que estaba muy restringido, precisó el diario "La Nación". Tampoco habria topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, que era de 24, que además pasararían  a regirse por la ley de telecomunicaciones.

Además, se eliminaron las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio pueden  pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.

Según la abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios, el decreto de Macri viola la ley por varias razones, entre ellas por crear un organismo descentralizado, cuando para ello es necesario que se aprobado por el Congreso. "El esquema no cumple los estándares internacionales en libertad de expresión", sostuvo Peñafort en su cuenta de Twitter.

"Más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, incumplimiento de leyes. Incumplimiento de orden judicial, adulteración de fecha en documento publico, delitos varios", aseveró la experta.