La Corte Suprema encabezará un Consejo de la Magistratura copado por la Mesa Judicial macrista

El Consejo de la Magistratura de 20 integrantes que revivió la Corte Suprema de Justicia y que ordenó funcione “de manera inmediata” estará “copado” por representantes de la Mesa Judicial macrista. Habrá consejeros vinculados a Mauricio Macri, Germán Garavano, Daniel Angelici, una ex integrante de la UIF y AFIP cambiemitas y estará presidido por la Corte del Lawfare.

No fue casualidad el título de la nota que el 17 de abril pasado escribió Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, en la que anunció que Horacio Rosatti se convertiría en presidente del órgano que selecciona y sanciona jueces: “Empieza la penuria judicial de Cristina”, publicó. Una declaración de guerra (y una expresión de deseo) que explica la toma por asalto del Consejo que hizo el máximo tribunal del país.

En una resolución de 7 páginas y en tiempo récord, la Corte resolvió este lunes que el Consejo de la Magistratura funcione “de manera inmediata” con su antigua conformación de 20 integrantes y remarcó que debe ser presidido por el titular del Alto Tribunal, Rosatti. Es decir, la Corte definió que ella misma deberá presidir este órgano clave del Poder Judicial a pesar de que estaba en tratamiento una ley de reforma que había sido enviada por el Poder Ejecutivo y tenía media sanción del Senado. La diferencia es que esa iniciativa postula un consejo de 17 integrantes y sin la Corte adentro. Por lo que los supremos decidieron no esperar al Parlamento.

Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, apurados, resolvieron que los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos para conformar el consejo de 20 integrantes asumirán sus cargos en lo inmediato, previo juramento de ley. En pos de acelerar el proceso de asunción, dispusieron “lo necesario a fin de que el señor Presidente del Tribunal reciba de los nuevos consejeros el juramento de ley”. El ministro supremo Ricardo Lorenzetti no firmó el fallo porque tuvo la delicadeza de viajar al exterior y no quedar asociado a toda esta maniobra.

El cuerpo de 20 miembros que la Corte pretende que empiece a funcionar ya, contará con los siguientes 9 consejeros que se espera voten de manera homogénea por la oposición en la mayoría de las ocasiones. La mayoría está asociada a la Mesa Judicial PRO:

Jimena de la Torre, recientemente electa por el estamento de los abogados. Integró dos de los órganos desde los cuales el gobierno de Mauricio Macri impulsó la persecución judicial: la AFIP y la UIF.
De la Torre, por un lado, fue jefa de gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF) entre junio de 2017 y abril de 2018. Y tuvo dos cargos en AFIP, uno previo y otro posterior a su paso por la unidad antilavado: fue Asesora Técnico Legal de la Sudirección de Asuntos Juridicos entre febrero y mayo de 2017; y subdirectora General de Coordinación Técnico Institucional entre abril de 2018 y diciembre de 2019. Ambos organismos, UIF y AFIP, hicieron inteligencia fiscal y se presentaron como querellantes en muchas de las causas políticas que durante el macrismo se abrieron contra dirigentes kirchneristas, sobre todo, CFK.

Incluso, en mayo de 2020 el conductor televisivo Marcelo Tinelli mantuvo un fuerte cruce con De la Torre por el espionaje de la AFIP, del que fue víctima.

En Twitter, esta abogada electa como consejera se presenta como “Miembro y fundadora de Abogados en Acción”, agrupación a la que aparece relacionado, entre otros, el abogado todoterreno de Cambiemos, Ricardo Gil Lavedra, quien por ejemplo fue contratado por la AFIP  para representar al organismos en la causa contra Cristóbal López.

Entre quienes apoyaron a De la Torre en su carrera por entrar al Consejo aparece el senador provincial Juan Pablo Allan, quien fue indagado en la causa “Gestapo antisindical” por sus vínculos con espías y funcionarios bonaerenses en el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

De la Torre también fue respaldada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

 Agustina Díaz Cordero (h), electa por el estamento de los jueces. Es exasesora del ministro de Justicia, Germán Garavano.
Macri nombró a Díaz Cordero al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23, el 27 de abril de 2018. Era un premio para su madre, Maria Lilia Gómez Alonso, que presidía la Sala B de la Cámara Comercial desde donde se manejaba la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado por el Correo Argentino. Desde allí, María Lilia brindó más de un favor al expresidente.

Antes de eso, Díaz Cordero (h) trabajaba con el entonces ministro de Justicia Garavano. El 27 de octubre de 2017, Garavano la designó en un lugar clave del proyecto de Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial. Era la número 3 del proyecto, con el cargo de Coordinadora, solo por debajo del propio Garavano y del Secretario de Justicia Santiago Otamendi (hoy cobijado por Horacio Rodríguez Larreta en el Tribunal Superior de Justicia porteño).

Horacio Rosatti, que representa a la Corte del Lawfare. Entra como presidente del Consejo de la Magistratura por decisión de él mismo y de Rosenkrantz y Maqueda. Rosatti fue designado por Macri en el Alto Tribunal. Había aceptado ser parte del máximo tribunal del país en comisión pero fue tal el escándalo que provocó esa idea que debió esperar unos meses para reunir los votos en el Senado para ser designado como estipula la Constitución. Ingresó a la Corte el 29 de junio de 2016.
A estos consejeros –que salvo Rosatti deben jurar para poder asumir funciones- se suman los vinculados a Juntos por el Cambio que ya estaban en el Consejo y solían votar en bloque por la oposición:

Pablo Tonelli, otro representante del ala dura del PRO. Es uno de los alfiles judiciales de Macri.
Llegó a defender los encuentros del camarista de la Casación Mariano Borinsky con el entonces Presidente en la Quinta de Olivos. Y cumplió un rol preponderante en la causa Correo: fue abogado y apoderado de Correo Argentino donde, tal como informó El Destape, figura entre los que retiraron fondos millonarios de la empresa durante su vaciamiento.

Los representantes por el estamento de los abogados, Carlos Matterson, por el Interior del país, y Diego Marías, por los abogados porteños. El primero está vinculado al operador judicial Daniel “Tano” Angelici. El segundo es cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
También se suman a este esquema la senadora radical por Jujuy (vinculada al gobernadora Gerardo Morales), Silvia Giacoppo, y los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, integrantes de las dos listas más conservadoras de la ya de por sí conservadora Asociación de Magistrados. Recondo, por ejemplo, llegó a presidir la Asociación de Magistrados durante el gobierno de CFK y desde allí mantuvo más de un choque retórico con ella.
Enfrente de este grupo se encuentran otros 9 consejeros que podrían llegar a votar también en bloque en favor del oficialismo.

Por un lado están los 7 consejeros que solían votar en la mayoría de las ocasiones de manera conjunta en el consejo de 13 integrantes:

Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo.
El senador Mariano Recalde (FdT).
La diputada Vanesa Siley (FdT).
El académico Diego Molea.
La senadora nacional por el Chacho, María Inés Piltatti Vergara (FdT).
El juez Alberto Lugones (Lista Celeste de la Asociación de Magistrados).
La diputada peronista Graciela Camaño.
A ellos se podrían sumar las dos nuevas consejeras: por el estamento de los abogados también ingresó María Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; y por el de los académicos, Paloma Tolosa, decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Ambas cercanas al consejero Diego Molea.

Para completar los 20 consejeros resta la designación de 2  nuevos representantes por el Congreso. Juntos por el Cambio reclama esos cargos para sí. De hecho, ya propuso al senador Luis Juez y a la diputada Roxana Reyes.

La discusión en torno a los nuevos representantes por el Parlamento es la batalla que se avecina. Se vislumbra un conflicto de poderes si la presidencia del Senado y/o la de Diputados, a cargo de CFK y Sergio Massa respectivamente, no avalan el fallo cortesano por considerarlo un golpe institucional.

Desde Juntos por el Cambio anunciaron este martes que preparan denuncias penales contra Cristina y Massa si el Congreso no acata el fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. No es para menos. Juntos por el Cambio es aliado de los tres ministros supremos que disolvieron el Consejo de 13 miembros -que funcionó por 15 años- para revivir una ley derogada que les permitió entrar por la ventana y tomar el control de un órgano clave para el Poder Judicial. ¿El objetivo? Ya lo escribió Morales Solá: provocar la “penuria judicial de Cristina”.