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Ruta 5: un reclamo que lleva años y vuelve a la Justicia

El abogado Juan Antonio Portesi explicó los alcances de un amparo colectivo que reclama reparaciones urgentes y la continuidad de la autovía. La iniciativa tiene antecedentes en una presentación impulsada por la UCR en 2020, cuando ya se exigía transformar el corredor entre Suipacha y Santa Rosa.

Protesta por la Autovía Ruta 5

Un reclamo que atraviesa gobiernos

La situación de la Ruta Nacional 5 vuelve a quedar en el centro de la preocupación regional. El deterioro de distintos tramos, las deficiencias en materia de seguridad vial y las demoras en las obras de infraestructura motivaron una nueva presentación judicial contra la Dirección Nacional de Vialidad.

En una entrevista concedida a Radio Mágica, el abogado Juan Antonio Portesi, patrocinante de los impulsores de esta iniciativa, explicó que el amparo colectivo persigue tres objetivos fundamentales: conseguir reparaciones urgentes en la ruta, cuestionar las condiciones vinculadas al cobro de peajes y exigir la continuidad de las obras de la autovía.

El planteo comprende la traza desde Mercedes hasta el límite con La Pampa y apunta a que el Estado nacional adopte medidas concretas para garantizar condiciones adecuadas de circulación.

Sin embargo, el reclamo tiene una historia mucho más extensa. La transformación de la Ruta 5 en autovía lleva años formando parte de las demandas de las comunidades que se encuentran a lo largo de este corredor, sin que hasta el momento se haya concretado una solución integral.

Un antecedente judicial de 2020

El 30 de septiembre de 2020, la Unión Cívica Radical había anunciado una iniciativa para llevar ante la Justicia Federal el reclamo por la transformación de la Ruta Nacional 5 en autovía, desde Suipacha hasta Santa Rosa, en La Pampa.

Aquella presentación iba a ser patrocinada por los abogados Juan Antonio Portesi, exministro de Gobierno bonaerense durante la gestión de Alejandro Armendáriz, y Guillermo David San Martín, quien había presidido la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en dos períodos.

La iniciativa tuvo prevista su presentación formal para el sábado 3 de octubre de ese año, en la ciudad de 9 de Julio, mediante un encuentro organizado por el comité radical de ese distrito.

Bajo la consigna «Por una autovía en la Ruta 5. La ruta nos une, el reclamo también», se convocó a presidentes de comités radicales bonaerenses, representantes de localidades pampeanas, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y otros dirigentes.

El planteo de aquel momento cuestionaba el esquema de concesión de la ruta, porque consideraba insuficiente un modelo centrado en el mantenimiento de la infraestructura existente, sin avanzar hacia la construcción de la autovía.

La posición expresada entonces era que las reparaciones y tareas de conservación no podían reemplazar la obra estructural que reclamaban las comunidades del corredor.

Seis años después, el mismo abogado vuelve a intervenir en una presentación judicial relacionada con la problemática de la Ruta 5. El antecedente permite dimensionar la persistencia de una demanda que atravesó distintas administraciones nacionales y que todavía no encuentra una respuesta definitiva.

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Reparaciones urgentes: qué reclama el nuevo amparo

Durante la entrevista radial, Portesi explicó que la presentación actual no se limita a exigir la construcción de la autovía. También busca que se intervenga inmediatamente sobre los sectores que presentan deficiencias y representan riesgos para los usuarios.

Entre los aspectos señalados mencionó:

  • El deterioro de la carpeta asfáltica y la presencia de pozos.

  • La falta o insuficiencia de señalización.

  • Las malas condiciones de accesos y egresos a las localidades.

  • Los ingresos a estaciones de servicio y establecimientos gastronómicos.

  • La necesidad de mejorar las condiciones generales de seguridad vial.

El abogado indicó que solicitaron una medida precautoria para que oficiales de justicia de los juzgados federales de Pehuajó y Mercedes realicen un relevamiento de la ruta y documenten su estado.

A partir de esa constatación, pretenden que se ordene al Estado nacional y a los responsables de la concesión ejecutar las obras necesarias.

Portesi también mencionó siniestros viales con víctimas fatales registrados en Mercedes y Chivilcoy, como ejemplos de la gravedad de la situación.

Los peajes y las condiciones de concesión

Otro de los puntos centrales del amparo está relacionado con las tarifas de peaje.

Según explicó Portesi, los impulsores de la acción solicitaron suspender los aumentos al considerar que no correspondía incrementar el costo de circulación mientras la infraestructura continuara presentando deficiencias.

El abogado afirmó que, después de la presentación, la concesionaria dejó sin efecto los incrementos y se restablecieron los valores anteriores.

Para los impulsores del reclamo, este resultado constituye un avance, aunque consideran que la cuestión principal sigue pendiente: garantizar una ruta segura y avanzar con las obras estructurales.

La autovía Mercedes-Suipacha, una obra pendiente

Portesi también hizo referencia a la paralización de la autovía Mercedes-Suipacha, cuya construcción considera prioritaria.

Según sostuvo, la traza de la obra ya se encuentra abierta, pero los trabajos no avanzaron hasta su finalización.

El planteo apunta a que la autovía se incorpore a los presupuestos nacionales de los próximos años, con una planificación que permita extender progresivamente la infraestructura hacia las localidades del oeste bonaerense hasta llegar al límite con La Pampa.

La intención no es exigir que toda la obra se concrete simultáneamente, sino que exista un compromiso presupuestario sostenido y un cronograma de ejecución.

El financiamiento de las obras

Durante la entrevista, Portesi cuestionó además el destino de los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles líquidos, que contemplan asignaciones para infraestructura vial.

También recordó un préstamo de 143 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) en 2021, destinado a financiar diferentes obras, entre ellas la autovía Mercedes-Suipacha y trabajos sobre la Ruta Nacional 3.

Según explicó, el esquema contemplaba que el organismo internacional aportara el 70% del financiamiento y el Estado nacional el 30% restante. Portesi afirmó que la falta de cumplimiento del aporte nacional provocó la interrupción de los desembolsos.

Estas consideraciones forman parte de los argumentos expuestos por el abogado y requieren contrastación con la documentación financiera y administrativa correspondiente.

La participación de Pehuajó

En relación con los impulsores de la presentación actual, Portesi destacó especialmente el trabajo del ingeniero Cacho Poteti, de Bragado; de Andrea Yuchi, presidenta del Comité Radical de Pehuajó; y del concejal radical de Mercedes Daniel Ivaldis.

El abogado cuestionó que algunos intendentes y representantes institucionales no se hayan sumado inicialmente a la propuesta y consideró que la problemática debería abordarse mediante una acción conjunta, sin diferencias partidarias.

También hizo referencia a otras iniciativas promovidas posteriormente por intendentes de la región, aunque manifestó su desacuerdo con la falta de coordinación entre los distintos sectores.

Una demanda que sigue esperando respuestas

El estado de la Ruta Nacional 5 representa una preocupación que excede las diferencias políticas y las distintas administraciones que estuvieron al frente del Gobierno nacional.

El antecedente de 2020 y la nueva presentación judicial muestran que el reclamo por la autovía y por mejores condiciones de circulación lleva años sin una resolución integral.

Para Pehuajó y las localidades de la región, la Ruta 5 es una vía fundamental para la comunicación, el transporte de pasajeros, el traslado de la producción y la conexión con los principales centros urbanos.

Mientras las obras continúan pendientes y los usuarios deben transitar por sectores que requieren intervenciones, la expectativa vuelve a depositarse en la Justicia y en la posibilidad de que los reclamos se traduzcan en decisiones concretas.

La discusión ya no pasa solamente por reparar los pozos o mejorar la señalización. La demanda histórica apunta a una transformación estructural de la ruta que permita reducir los riesgos y garantizar una circulación segura para quienes la utilizan diariamente.

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Pedro Miguel Massola

El intendente confirmó las presentaciones el martes 3 de noviembre desde su despacho, después de anticiparlas durante una recorrida rural. Los casos corresponden a Magdala, Mones Cazón, La Concordia, en Lincoln, y un camino del partido de Carlos Tejedor. El anuncio se produce en medio de una creciente preocupación regional por las obras hidráulicas no autorizadas y sus posibles consecuencias sobre el escurrimiento del agua.