Fuerte rechazo a la “libertad de matrícula” impulsada por el Gobierno: alertan que debilita la profesión y el federalismo

El proyecto del Gobierno nacional que propone eliminar la colegiación obligatoria y reemplazarla por un registro único de profesionales administrado por el Estado reavivó un fuerte debate en todo el país. Desde el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad (CPHS), su presidente Lorenzo Gómez manifestó un rotundo rechazo y sostuvo que la iniciativa “no solo desconoce la realidad federal del ejercicio profesional, sino que además debilita los mecanismos de control que garantizan seguridad, salud y ética en el trabajo”.

“Vuelven los mismos impresentables con fórmulas que parecen ser un alivio para la sociedad y terminan perjudicando el ejercicio profesional”, expresó Gómez, quien también encabeza la Confederación de Profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH).

Riesgo para el control y la transparencia

Gómez explicó que los colegios cumplen funciones delegadas por el Estado, especialmente en zonas donde la presencia estatal es limitada. “¿Quién va a cumplir la función del poder de policía en esos lugares donde el Estado delega en los propios profesionales el rol de contralor? Hoy un Estado que dice descentralizar, en realidad vuelve a cargar sobre sí herramientas vetustas que ya superamos”, advirtió.

El dirigente destacó que la colegiación profesional no es un privilegio ni un negocio, sino una garantía institucional que protege a la sociedad y asegura que quienes ejercen profesiones sensibles lo hagan con formación acreditada, actualización constante y responsabilidad legal.

“Los Colegios se consolidaron precisamente para dar transparencia y profesionalismo a ese control”, remarcó.

Impacto en el interior del país

El presidente del CPHS señaló que la medida podría funcionar en la Ciudad de Buenos Aires o en grandes centros urbanos, donde el Estado puede ejercer control efectivo, pero advirtió que “en las localidades del interior a las que el Estado no llega, el impacto sería devastador”.

El reemplazo de las matrículas provinciales por registros nacionales como el RUFU o el RUFRI rompería los esquemas federales y dejaría a los profesionales sin protección ante la competencia desleal, el ejercicio ilegal o la oferta académica engañosa, tareas que hoy cumplen los colegios profesionales.

Debate interno, pero sin imposiciones

Gómez reconoció que es necesario revisar los mecanismos de representación y los costos de matrícula, pero aclaró que “ese debate debe darse dentro de las propias instituciones, entre profesionales, y no por imposición del poder político”.

“Después discutamos internamente si los valores son altos o si la representación debe mejorar, pero que no se haga desde un centralismo porteño algo que va a terminar siendo más engorroso para las profesiones del interior y que, en la práctica, no va a cumplir con lo que promete”, concluyó.

Desde el CPHS y otras entidades nacionales anticiparon que presentarán una posición unificada en defensa de la colegiación pública, señalando que la desregulación que impulsa el Gobierno “no fortalece la libertad profesional, sino que debilita los mecanismos que garantizan la responsabilidad y la seguridad social”.

Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad (CPHS)