Los negocios del poder: de Buenos Aires a Miami, el laboratorio argentino del capitalismo extremo.

Los negocios más importantes de los primeros dos años del gobierno de Javier Milei se cerraron en el Hotel Libertador. ¿Lo recuerdan? Allí vivió varias semanas antes y después de ser elegido presidente. Es posible que los negocios más relevantes de la segunda mitad de su mandato se hayan concretado esta semana, pero en otro hotel: el Marriott Marquis de Miami.

Allí, fuera de agenda, Milei recibió al empresario José Luis Manzano, según informaron diversos medios. La reunión no estaba prevista oficialmente y, sin embargo, fue quizás el hecho más significativo del último viaje del presidente a Estados Unidos.

Cuando uno observa los rubros en los que Manzano ha expandido sus negocios, resulta más clara la relevancia política y económica de ese encuentro. Con una trayectoria de décadas y un abanico de intereses que se multiplican en el país, el empresario ha ganado terreno especialmente en el sector del litio: más de la mitad de la superficie explotada en la provincia de Jujuy pertenece a una de sus compañías.

También tiene presencia en potasio, gas, medios de comunicación y energía. Edenor, una de las empresas más importantes del holding Integra Capital —que encabeza Manzano— modificó recientemente su estatuto e incorporó actividades en inteligencia artificial, minería y telecomunicaciones. Un plan que se alinea, punto por punto, con los anuncios del gobierno sobre centros de datos, energía y tecnología.

A pocos días de la cita en Miami, Manzano participó en la compra de Telefe, uno de los canales de televisión abierta más tradicionales del país, junto con Daniel Vila, Claudio Belocopit y José Luis Cetrá. Al mismo tiempo, YPF, con mayoría estatal, adquirió a Integra la mitad de Refinor, una refinería paralizada desde abril, por algo más de 25 millones de dólares. Manzano la había comprado tres años atrás por apenas 3.000 dólares.

Algunos interpretaron esa operación como una devolución de favores. La sospecha cobra sentido si se observa que, tras las elecciones, el gobierno anunció la desregulación de tarifas hogareñas: aumentos en el gas (Metrogas, también vinculado a Manzano), la luz (Edenor) y los combustibles. De hecho, el propio Manzano habría conversado con Milei en Miami sobre la posible compra de la operación de Shell en Argentina, la segunda más grande del país en distribución de naftas.

Todos sus intereses, uno a uno, parecen beneficiarse de decisiones gubernamentales. Pero hay más. Integra Capital tiene inversiones en una docena de provincias, y Manzano mantiene relaciones estrechas con gobernadores como los de Chubut, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Salta y Jujuy. Esos mismos votos son los que el Ejecutivo necesita para aprobar sus reformas. En ese contexto, Manzano se convierte en un interlocutor clave entre el poder político y los capitales privados.

Su historia es conocida. Ingresó a la política durante la recuperación democrática, de la mano del peronismo renovador. Fue uno de los diputados más jóvenes del Congreso —llegó con 27 años— y rápidamente saltó de la órbita de Antonio Cafiero al entorno de Carlos Menem, siendo una figura central en el proceso de privatizaciones. Luego pasó “al otro lado del mostrador” y comenzó a construir su emporio empresarial.

Hace algunos meses volvió a ser noticia por un episodio muy distinto: el incendio de su yate “Sea Lady II” en el puerto de Saint-Tropez, Francia. El barco, de más de 40 metros de eslora y valuado en 100 millones de euros, había sido totalmente renovado en 2024.

Ese incidente conecta con una reflexión más amplia. En el libro Los que tienen y los que tienen yates, el ensayista estadounidense Evan Osnos analiza la cultura de los superricos y el papel simbólico de los grandes yates como signo de poder. Hoy, multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk o Sam Altman poseen embarcaciones de más de 100 metros, verdaderas ciudades flotantes con autonomía para permanecer meses en aguas internacionales, fuera de toda jurisdicción estatal.

El lujo extremo de unos pocos contrasta con la precarización creciente del resto. En Argentina, ese contraste es evidente. Las familias enfrentan el mayor nivel de mora en sus deudas en veinte años, alcanzando el 6,6%. La inflación de alimentos trepó casi 4% en la primera semana de noviembre, y los cheques rechazados superaron los 92.000 en un solo mes. Incluso Mercado Libre reportó una caída del 30% en su actividad de paquetería, signo de la contracción del consumo.

El déficit comercial con Brasil superó los 5.000 millones de dólares, 25 veces más que el año anterior. Y mientras la economía real se deteriora, las reformas que impulsa el gobierno apuntan a ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias y reducir derechos y costos empresariales bajo la excusa de la “modernización”.

En palabras del abogado laboralista Diego De Diego, uno de los redactores del proyecto, se busca “flexibilizar” las condiciones para que el empleador disponga del tiempo de sus trabajadores, incluso sin pagar horas extras reales. El propio empresario Alfredo Olmedo, aliado político de Milei, lo expresó crudamente: “Si el mozo quiere trabajar 20 horas, que lo haga”. Una declaración que revela la lógica de fondo: la necesidad de trabajar más horas no surge del deseo, sino de la necesidad y del salario insuficiente.

La reforma tributaria beneficiará a los sectores más ricos. La reforma penal, protegerá la propiedad privada… pero no la de la mayoría, sino la de los grandes grupos. En paralelo, avanza la entrega de recursos estratégicos, en una suerte de invasión sin disparos, donde el desembarco de fondos de Silicon Valley, Wall Street y la Casa Blanca encuentra en Argentina su terreno de pruebas.

El economista Thomas Piketty advierte sobre este proceso: “Más allá de cierto umbral, las fortunas se multiplican por sí mismas y se perpetúan más allá de toda justificación racional en términos de utilidad social”. En otras palabras, el capital se reproduce solo por el hecho de existir, sin necesidad de producir valor real.

Hoy, 3.000 supermillonarios controlan el 14% del Producto Bruto Mundial, una concentración que era diez veces menor en 1990. No se trata de una falla del sistema, sino de su funcionamiento natural.

Y así, mientras unos pocos acumulan más yates, acciones y privilegios, la mayoría —los que viven de su trabajo— enfrenta la erosión constante de su poder adquisitivo y de sus derechos.

Argentina, una vez más, se convierte en el laboratorio donde se ensayan las fórmulas más extremas del capitalismo global.