El desafío no es reconocer derechos, sino hacer que se cumplan

En Argentina, las personas con discapacidad cuentan con derechos reconocidos por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entre ellos se encuentra el acceso al transporte para garantizar la movilidad, la inclusión social, la educación, la salud y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Durante años existió un esquema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte por los pasajes otorgados a personas con discapacidad. Ese mecanismo buscaba evitar conflictos entre usuarios y prestadores, garantizando que el derecho reconocido en la legislación pudiera efectivamente ejercerse.

A nivel local, además, funcionaban organismos estatales que permitían canalizar reclamos, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y brindar asistencia directa a quienes encontraban obstáculos para viajar. En ciudades como Pehuajó, la presencia territorial del Estado facilitaba la resolución de problemas sin necesidad de recurrir a trámites complejos o gestiones a distancia.

Sin embargo, los cambios implementados durante la actual gestión nacional modificaron el esquema de funcionamiento. Si bien las empresas continúan obligadas a respetar los derechos de las personas con discapacidad y a permitir el acceso a los viajes previstos por la normativa vigente, el sistema de compensaciones estatales fue alterado y diversas dependencias públicas vinculadas al control y la atención de estos casos dejaron de funcionar o redujeron significativamente su presencia territorial.

La consecuencia práctica es que muchos usuarios encuentran mayores dificultades para hacer valer derechos que continúan existiendo en el papel. Cuando una empresa incumple o pone obstáculos, la principal alternativa suele ser la realización de denuncias a través de plataformas digitales o mecanismos remotos.

Esto genera un problema adicional: no todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a esos canales. Adultos mayores, personas con dificultades cognitivas, usuarios con escasa alfabetización digital o personas con discapacidades visuales pueden enfrentar barreras importantes al momento de presentar un reclamo.

El caso de las personas ciegas resulta especialmente ilustrativo. Aunque existen herramientas de accesibilidad tecnológica, la realidad demuestra que muchos trámites digitales continúan presentando obstáculos que dificultan su utilización autónoma. Cuando desaparecen las oficinas locales y la atención presencial, la posibilidad de reclamar queda limitada para quienes más necesitan acompañamiento.

La discusión de fondo trasciende el transporte. Se relaciona con el papel del Estado frente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Reconocer derechos es indispensable, pero no suficiente. Un derecho que no puede ejercerse en la práctica corre el riesgo de convertirse en una mera declaración.

Los derechos humanos básicos, especialmente aquellos vinculados a personas con discapacidad, requieren mecanismos concretos de protección, control y garantía. De poco sirve una normativa avanzada si quienes deben beneficiarse de ella encuentran obstáculos permanentes para acceder a sus prestaciones.

Durante años, el Estado garantizó el cumplimiento de estos derechos mediante dos herramientas fundamentales: por un lado, compensando económicamente a las empresas para evitar excusas vinculadas a costos; por otro, sosteniendo organismos de control y atención cercanos a los ciudadanos que permitían intervenir rápidamente ante incumplimientos.

La experiencia demuestra una realidad sencilla pero fundamental: los derechos necesitan garantías. Cuando desaparecen los mecanismos que aseguran su cumplimiento, los sectores más vulnerables son los primeros en sufrir las consecuencias.

Porque, en definitiva, los derechos sin garantías no funcionan.