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Pedro Miguel Massola
La senadora provincial de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó un proyecto de Declaración para exigir que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) implemente de manera urgente el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuya adopción había sido anunciada para el 1° de enero de 2026, pero que aún no se encuentra plenamente vigente.
La medida afecta directamente a afiliados con discapacidad y al amplio universo de prestadores que incluye centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, centros de día, hogares de estimulación temprana, escuelas especiales y profesionales independientes de las áreas de salud, educación y transporte.
Según expresó Balaudo, la actualización del nomenclador constituye “un reclamo de larga data tanto de las personas afiliadas como de prestadores”. La legisladora también solicitó la regularización de facturas adeudadas a prestadores médicos, terapéuticos y asistenciales, y que se garantice el acceso efectivo a la salud de las personas con discapacidad.
El 1 de octubre de 2025, IOMA había anunciado oficialmente la implementación del Nomenclador Nacional de Discapacidad. En ese momento, el presidente del organismo, Homero Giles, calificó la decisión como “histórica” y aseguró que comenzaría a regir a partir del 1° de enero de 2026. El nomenclador nacional, vigente desde la década del noventa, establece códigos y valores de referencia para prestaciones en centros de día, hogares, transporte y educación especial.
La actualización implica un cambio de escala en los valores que requiere un proceso de transición y adaptación tanto para la obra social como para los prestadores. Sin embargo, Balaudo advirtió que, transcurrido más de un mes desde la fecha anunciada, “no todos los prestadores han tenido respuestas para avanzar en la implementación”.
Uno de los puntos más críticos señalados es la diferencia arancelaria. Según la senadora, actualmente IOMA paga hasta un 61% menos que lo estipulado por el nomenclador nacional para una misma prestación, variando según el servicio. Esta brecha genera que muchos kinesiólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e instituciones opten por no trabajar con la obra social, restringiendo el acceso a terapias a quienes pueden abonarlas de manera particular.
Desde el espacio libertario sostienen que la demora y los atrasos en los pagos están provocando el cierre de instituciones y la suspensión de servicios, dejando a personas con discapacidad sin tratamientos esenciales.
La discusión vuelve a poner en el centro el financiamiento del sistema de discapacidad y la responsabilidad del Estado en garantizar cobertura efectiva. Mientras tanto, miles de familias esperan definiciones concretas que aseguren la continuidad de terapias y acompañamientos fundamentales para su calidad de vida.
El debate ya está planteado. La implementación efectiva del nomenclador no solo es una cuestión administrativa: es una decisión que impacta en derechos, inclusión y equidad. La pregunta ahora es cuándo llegará la respuesta oficial y qué medidas se adoptarán para evitar que la demora siga afectando a quienes más necesitan del sistema.
