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Pedro Miguel MassolaEn una reciente publicación, el portal El Destape difundió declaraciones en las que se sostiene que existirían periodistas que recibirían dinero de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), así como de las embajadas de Estados Unidos e Israel, con el objetivo de influir en la opinión pública y distorsionar contenidos informativos.
Según el testimonio citado, algunos comunicadores percibirían sumas que oscilarían entre los 50.000 y 150.000 dólares mensuales, montos que —de acuerdo a la denuncia— no estarían vinculados a estructuras empresariales sino a ingresos personales. En el mismo relato se menciona que determinados periodistas mantendrían un alineamiento sistemático con determinadas posiciones geopolíticas.
Hasta el momento, no se han presentado pruebas documentales, denuncias judiciales formales ni confirmaciones oficiales que respalden estas acusaciones. Tampoco se difundieron nombres concretos en la publicación original.
La Agencia Federal de Inteligencia, organismo del Estado argentino, ha estado en el centro de controversias en distintos períodos políticos por presuntas operaciones de inteligencia interna. Sin embargo, cualquier acusación de financiamiento irregular o manipulación mediática requiere respaldo probatorio y eventual intervención judicial para su verificación.
Especialistas en ética periodística advierten que denuncias de esta magnitud, si no están acompañadas de pruebas verificables, pueden profundizar la desconfianza social hacia el sistema informativo y debilitar el debate público.
El tema abre un interrogante mayor: ¿Cómo se garantiza la transparencia en el financiamiento de medios y comunicadores en un contexto de alta polarización política?
