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Pedro Miguel MassolaEn la sede de los Tribunales Nacionales del Trabajo, sobre la avenida Roque Sáenz Peña al 700 en la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores judiciales iniciaron una protesta con paro por 48 horas ante la inminente aprobación en el Senado de la Nación de la reforma laboral que dispone la disolución del fuero laboral.
La medida es impulsada por el gremio que conduce Julio Piumato y se enmarca en el rechazo a una de las cláusulas centrales del proyecto: el traspaso de competencias a la órbita de la Justicia porteña y la reestructuración de juzgados. Según se explicó, solo una parte del personal sería absorbida por la justicia local, mientras que el resto podría quedar fuera del sistema.
Desde el ámbito judicial advierten que el plazo legal de 180 días para concretar el traspaso resulta materialmente inviable. Señalan la magnitud de causas en trámite, la complejidad de jurisdicciones y la insuficiencia de juzgados en la Ciudad, donde existen apenas diez cuando, estiman, serían necesarios al menos setenta más.
También se cuestiona el impacto presupuestario. El costo estimado de indemnizaciones rondaría los 85 mil millones de pesos, sin contemplar adecuaciones edilicias ni la creación de nuevas estructuras.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, sostuvo que la reforma presenta objeciones de constitucionalidad, al considerar que dos poderes del Estado no pueden definir el futuro institucional de otro. En el mismo sentido se pronunciaron asociaciones de jueces laborales y entidades gremiales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) evalúa presentar un planteo de inconstitucionalidad una vez que la norma sea promulgada y publicada en el Boletín Oficial. La estrategia incluiría también acciones individuales de gremios y amparos particulares ante eventuales vulneraciones de derechos.
Especialistas advierten que el nuevo esquema podría generar una “triple vía” procesal —laboral, contencioso administrativo y civil— que incrementaría la conflictividad y dilataría los tiempos judiciales, en contraste con el objetivo declarado de agilizar el sistema.
Mientras el oficialismo acelera los tiempos políticos, en los pasillos judiciales predomina la incertidumbre. El debate no solo es jurídico: también define el modelo de tutela de los derechos laborales en la Argentina.
La discusión recién comienza y podría trasladarse ahora al terreno judicial. El desenlace marcará un punto de inflexión en la estructura del sistema laboral argentino y en la relación entre los poderes del Estado.
