La Mega Radio
Pedro Miguel Massola
Pehuajó amaneció convulsionada. Aunque el despliegue policial fue cuidadosamente planificado para pasar desapercibido hasta el último segundo, los movimientos inusuales de efectivos en distintos barrios no tardaron en encender la curiosidad de los vecinos. Y no era para menos: 26 allanamientos simultáneos se llevaban adelante de forma coordinada en distintos puntos de la ciudad y alrededores, en el marco de una de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos en materia de asociación ilícita y lavado de activos.
La historia comenzó a gestarse en agosto de 2024, cuando el Gabinete de Causas Complejas de la DDI Trenque Lauquen, bajo las órdenes del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal con asiento en Pehuajó, inició una pesquisa silenciosa sobre una organización criminal que, lejos de improvisar, funcionaba con estructura jerárquica, planificación y conexiones económicas aceitadísimas.
Durante más de un año, los investigadores observaron discretamente domicilios, estudiaron movimientos bancarios, cruzaron información contable, hicieron seguimientos y escuchas telefónicas. El objetivo: desenredar un circuito delictivo que operaba con métodos propios del crimen económico moderno. Los delitos que se detectaron eran variados, pero todos con un mismo hilo conductor: generar ganancias ilegales y luego darles apariencia de legalidad mediante maniobras de blanqueo.
Usura, estafas, intermediación financiera sin autorización, hurtos y operaciones comerciales ficticias fueron solo la punta del iceberg. Detrás, una maquinaria aceitada permitía que ese dinero ingresara al sistema formal a través de la compra de inmuebles, rodados y comercios a nombre de terceros, muchos de ellos sin conocimiento pleno del rol que cumplían en la trama.
Las pruebas recolectadas fueron contundentes. Con el aval judicial correspondiente, se libraron órdenes de allanamiento para 26 objetivos. El operativo fue ejecutado el martes 19 de agosto por la tarde, con participación de efectivos de distintas dependencias policiales de la ciudad, todos bajo la coordinación de la DDI. El despliegue fue simultáneo y quirúrgico: se ingresó en viviendas particulares, estudios contables, concesionarias, departamentos y locales comerciales.
Los resultados superaron incluso las expectativas de los investigadores. En total, se secuestraron:
$12.836.760 en efectivo en moneda nacional.
U$S 10.053 en divisas extranjeras.
Cheques por un total de $53.120.000, muchos de ellos en custodia de análisis.
Celulares, computadoras, notebooks, discos externos, pen drives y todo tipo de dispositivos de almacenamiento digital.
Documentación contable, bancaria e inmobiliaria, incluyendo contratos de locación y boletos de compra-venta.
Armas de fuego y municiones, cuyo origen y registro aún se investigan.
Cada elemento incautado será analizado minuciosamente por los peritos judiciales, dado que muchos de ellos podrían contener pruebas determinantes para fortalecer la acusación y, eventualmente, ampliar la lista de implicados.
Los principales sospechosos fueron notificados formalmente de la formación de la causa y quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente. Por ahora, no se brindaron detalles sobre posibles detenciones, aunque fuentes judiciales dejaron entrever que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
La magnitud del operativo y la precisión con la que se ejecutó dejan en claro que no se trató de un procedimiento aislado, sino de un golpe estructural a una organización criminal con anclaje local pero proyección provincial. Si bien las autoridades mantienen la cautela, el mensaje es claro: el delito económico organizado también tiene consecuencias y, cuando se investiga con paciencia y respaldo judicial, los resultados pueden ser tan contundentes como en esta ocasión.
