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El 2 de diciembre de 2024, la policía de Carlos Casares aprehendió a Mario Ezequiel Ollivier por violar una medida cautelar de prohibición de acercamiento a su ex pareja. Tras ser notificado y alojado en la dependencia policial, recuperó su libertad el 4 de diciembre por orden del Juzgado de Garantías.
En la jornada del 6 de septiembre, personal de la Subestación Policía Comunal de Juan José Paso acudió a un llamado de emergencia en una vivienda de la localidad, donde se constató un episodio de violencia de género.
Un menor habría golpeado en el rostro y amenazado de muerte, esgrimiendo un arma de fuego, a su ex pareja (también menor). Se allanó su domicilio incautando el arma y dos celulares.
Totalmente descontrolado, el imputado atacó a una mujer, produciéndole lesiones graves y luego al personal policial quien recibió lesiones leves.
Violó la medida de acercamiento ordenada por un juez, habiendo producido daños con lo que sería un palo de hockey. Se le allanó el domicilio y se lo detuvo quedando a disposición de la justicia.
Es por una causa de lesiones leves agravadas, desobediencia y daño simple.
Concejales, Concejalas e integrantes de la planta del HCD participaron del Taller, impulsada por la Municipalidad de Pehuajó, y llevada adelante a través de la Secretaría de Juventudes, Género y DD.HH.
Se le secuestró un cuchillo que llevaba entre sus prendas.
También se secuestró una cuchilla. El imputado está acusado de golpear salvajemente y apuñalar a su pareja.
La causa incluye: desobediencia reiterada, violación de domicilio, daño, coacción agravadas por uso de arma, en contexto de género.
Una declaración familiar que circuló en medios nacionales —aunque parcialmente borrada en algunos canales— revela un costado inexplorado de la vida de Ozorio, acusado de integrar la banda del “Pequeño J”. Su paso por el Hospital Italiano, la apuesta fallida a la criptomoneda Libra, su fanatismo libertario y la búsqueda de una indemnización para invertir en cripto forman parte del perfil que quedó eclipsado por la trama narco.
Una investigación judicial derivó en allanamientos en una vivienda de la ciudad, donde se secuestraron elementos vinculados a una causa por estafa. Una mujer de 49 años resultó imputada tras la denuncia de un vecino.
La Policía Comunal intensificó los controles viales en distintos puntos de la ciudad. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas municipal.
Un informe del INDEC posicionó a la localidad como una de las más accesibles del país, con un crecimiento poblacional sostenido y costos de vida hasta un 40% más bajos que en grandes urbes.
