ANSES y el Ministerio de Salud, incorporan apoyo alimentario para la Asignación por Embarazo Y AUH hasta 3 años.

ANSES Y EL MINISTERIO DE SALUD INCORPORAN APOYO ALIMENTARIO PARA LA ASIGNACIÓN POR EMBARAZO Y AUH HASTA 3 AÑOS

En el marco de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Ley 1000 días), la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunciaron el Programa de Entrega de Leche Fortificada y Alimentos Saludables para futuras madres y niñas y niños hasta los 3 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

La resolución 409/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que esta provisión será un monto mensual de 800 pesos, a cargo de ANSES, que se actualizará trimestralmente por la Ley de Movilidad y se depositará en la misma fecha y cuenta bancaria de la prestación. La obtención del beneficio es automática y no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Asimismo, esta resolución regula la cobertura de fórmulas alimentarias para niños y niñas que no acceden a la lactancia y de leches medicamentosas para quienes en sus tres primeros años tengan una condición que justifique su requerimiento.

Durante el anuncio, realizado hoy en el Barrio 31 de Retiro, las funcionarias participaron en un taller informativo para madres sobre los alcances de dicha ley y temas relativos a la lactancia, prevención de violencias y derechos. Allí, Raverta expresó: “En ANSES sentimos orgullo de esta medida y de todas las políticas públicas que integran el Plan 1000 días, una decisión del presidente de la Nación. En total son 774 mil personas entre chicas, chicos y mamás que van a recibir este dinero. En la Argentina, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar son derechos que permiten tener un plato de comida arriba de la mesa, tienen que ver con que el Estado se propone estar bien cerca de quienes más lo necesiten”.

“Es importante destacar que el apoyo alimentario se va a depositar directamente en las cuentas de las mamás sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite”, agregó la titular de ANSES.

A su turno, Vizzotti destacó: “Este es un paso enorme del Estado, es ampliar derechos y favorecer accesos. Incorporamos el trabajo en los talleres con las mujeres embarazadas, además de las mamás de niños y niñas pequeños, porque si el derecho no se conoce, no se ejerce, así que es también dar a conocer esos derechos para favorecerles el acceso”.

La Ley 1000 días garantiza la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y para los niños y niñas hasta los 3 años que no posean cobertura de obras sociales ni medicina prepaga, entre ellas medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos.

En la actualidad, el Ministerio de Salud tiene en su presupuesto el Programa Intervenciones en Salud perinatal, niñez y adolescencia, que en la actividad Acciones de Nutrición cuenta con un crédito de 5000 millones de pesos. De ese total, 4500 millones se destinan a la compra de leche en polvo y alimentos saludables; los 500 millones restantes, a la adquisición y distribución a todas las jurisdicciones de fórmulas alimentarias y leches medicamentosas.

La propuesta busca simplificar y nominalizar el acceso de esta política pública integrando la compra de la leche fortificada y alimentos saludables a las asignaciones, con el propósito de eliminar la distribución errónea sujeta a la logística entre niveles de gobierno.

En la Argentina existen diversas experiencias de programas de transferencia monetaria que fomentan la corresponsabilidad de las familias perceptoras generando empoderamiento y autonomía, aumentando a su vez las posibilidades de las y los beneficiarios de elegir los alimentos a consumir y facilitando el acceso a una alimentación variada y acorde a las Guías Alimentarias Nacionales.

Pensar la alimentación como derecho implica cambiar la lógica de los procesos de formulación de políticas para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades insatisfechas que deben ser asistidas mediante prestaciones discrecionales, sino que estas personas sean titulares de derechos.