El fallo contra IOMA enciende una pregunta en Pehuajó: ¿quién paga cuando la obra social no responde?

La Justicia bonaerense acaba de darle la razón a la Municipalidad de 25 de Mayo en un reclamo contra IOMA por prestaciones de salud realizadas y que, según el municipio, no habían sido abonadas.

El expediente terminó con una liquidación judicial de $256.066.802,30, incluyendo capital e intereses, a favor de la comuna.

Pero detrás de ese número aparece una discusión que excede a 25 de Mayo.

¿Qué ocurre cuando un municipio presta servicios de salud, pero los recursos que deberían llegar desde una obra social provincial se demoran?

La pregunta también tiene relevancia en Pehuajó.

De las cartas documento a la Justicia

El conflicto entre 25 de Mayo e IOMA llevaba meses.

Según informó la administración del intendente Ramiro Egüen, el municipio había realizado más de diez intimaciones formales antes de recurrir a la Justicia. La deuda reclamada inicialmente rondaba los $143 millones.

El proceso avanzó en el Departamento Judicial de Mercedes y posteriormente se dispusieron medidas de intimación y embargo.

El 16 de septiembre, la jueza Cintia Carolina Soto aprobó la liquidación presentada por la Municipalidad por $256.066.802,30, calculada al 11 de agosto de 2026.

El intendente había hablado públicamente de un embargo cercano a los $264 millones. La diferencia responde a las distintas actualizaciones y etapas del proceso.

El municipio, además, sostiene que la deuda total que reclama a IOMA ronda los $800 millones.

Un antecedente que mira el municipalismo bonaerense

El caso tiene una particularidad que excede la disputa entre un intendente y una obra social.

El Hospital Municipal Saturnino Unzué continuó brindando atención a afiliados de IOMA mientras el municipio reclamaba el pago de prestaciones.

Eso significa que, mientras el paciente recibía atención, el sistema municipal debía seguir afrontando profesionales, medicamentos, insumos, infraestructura y funcionamiento.

Cuando el pago no llega, la prestación no desaparece.

El costo permanece y alguien tiene que asumirlo.

Por eso, el expediente de 25 de Mayo puede convertirse en un antecedente de interés para otras administraciones municipales que tengan acreencias documentadas frente a IOMA.

No significa que cualquier municipio pueda obtener automáticamente el mismo resultado. Cada reclamo depende de los convenios, la documentación, las facturas, las prestaciones realizadas y las condiciones jurídicas de cada caso.

Pero hay algo que el expediente demuestra: un municipio puede recurrir a la Justicia para reclamar prestaciones realizadas que considera impagas.

Pehuajó: el problema aparece del otro lado del mostrador

En Pehuajó, la situación se manifiesta principalmente a través de los afiliados y prestadores.

Durante las últimas semanas, familias de la ciudad reclamaron por dificultades vinculadas con el acompañamiento terapéutico y otras prestaciones.

Los reclamos incluyen cuestionamientos por los valores reconocidos, demoras en los pagos y dificultades para conseguir profesionales que continúen trabajando con IOMA.

En algunos casos, el problema deja de ser una discusión administrativa y se convierte en una cuestión familiar.

Porque cuando un profesional deja de aceptar una obra social, la familia tiene que buscar otro prestador, esperar una autorización o afrontar un costo que no estaba contemplado.

Y cuando se trata de niños o personas que necesitan tratamientos sostenidos, una interrupción no siempre es una cuestión menor.

La pregunta que debería responderse en Pehuajó

El antecedente de 25 de Mayo abre una discusión que podría ser analizada también desde nuestra ciudad.

No existe, al menos en la información pública disponible, documentación que permita afirmar que la Municipalidad de Pehuajó mantiene actualmente con IOMA una deuda judicial equivalente a la de 25 de Mayo.

Por eso no corresponde establecer una equivalencia que no está acreditada.

Pero sí corresponde formular preguntas.

¿Cuánto le debe actualmente IOMA al sistema sanitario municipal de Pehuajó?

¿Cuánto se factura mensualmente por prestaciones realizadas a sus afiliados?

¿Cuánto demora IOMA en cancelar esas prestaciones?

¿Existen prestaciones autorizadas que todavía no fueron abonadas?

Y una pregunta todavía más sensible:

¿Cuánto están terminando pagando las familias pehuajenses para mantener tratamientos que deberían estar cubiertos por su obra social?

Son datos que permitirían dimensionar realmente el problema.

El costo de una demora

La discusión sobre IOMA suele quedar atrapada entre expedientes, nomencladores, autorizaciones y facturas.

Pero detrás de cada demora existe una situación concreta.

Un acompañante terapéutico que espera cobrar.

Un profesional que decide dejar de trabajar con la obra social.

Una familia que busca desesperadamente otro prestador.

Un hospital que necesita recursos para continuar funcionando.

Un paciente que necesita que su tratamiento no se interrumpa.

Por eso, el fallo de 25 de Mayo no debería ser leído solamente como una disputa económica.

También representa una discusión sobre el financiamiento de la salud pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones de los distintos actores del sistema.

Un antecedente para seguir de cerca

25 de Mayo llevó su reclamo hasta la Justicia y consiguió que se aprobara una liquidación superior a $256 millones.

Pehuajó atraviesa reclamos de otra naturaleza, principalmente vinculados con afiliados y prestadores.

Son situaciones diferentes.

Pero existe un punto en común: cuando los mecanismos de financiamiento y pago no funcionan correctamente, las consecuencias terminan llegando a quienes necesitan atención.

El caso de 25 de Mayo deja entonces una pregunta abierta para nuestra ciudad.

No se trata todavía de afirmar que Pehuajó deba iniciar un juicio contra IOMA.

Se trata de algo previo y fundamental:

conocer cuánto dinero está en juego, qué prestaciones están pendientes de pago y quién está absorbiendo actualmente el costo de esas demoras.

Porque cuando hablamos de salud, una deuda no es solamente una cifra escrita en un expediente.

Puede convertirse en un tratamiento que se demora, un profesional que deja de atender o una familia que termina pagando de su bolsillo.