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Pedro Miguel Massola...
La Cámara de Diputados aprobó durante la sesión del miércoles 26 de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), uno de los proyectos centrales de la política económica del gobierno de Javier Milei.
La iniciativa consiguió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, y ahora deberá ser discutida por el Senado.
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El proyecto modifica de manera sustancial las facultades de la autoridad monetaria y establece como misión principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda.
Entre sus principales disposiciones, restringe la posibilidad de que el BCRA financie al Tesoro mediante adelantos transitorios, limita la compra de títulos públicos en el mercado primario y modifica las condiciones para la distribución de utilidades de la entidad.
El oficialismo sostiene que durante décadas el Banco Central fue utilizado para cubrir los desequilibrios fiscales mediante emisión monetaria.
Desde esa perspectiva, la reforma busca impedir que un futuro gobierno pueda recurrir nuevamente a esa herramienta para financiar el déficit.
El diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli, defendió el proyecto durante el debate y sostuvo que la reforma pretende garantizar que el Banco Central “no sea saqueado” ni utilizado como una herramienta política.
Entre las medidas destacó la eliminación de los adelantos transitorios y las restricciones al financiamiento del Estado y a la adquisición de títulos públicos en el mercado primario.
El Gobierno presenta estas modificaciones como una condición necesaria para consolidar el equilibrio fiscal y evitar que la emisión monetaria vuelva a convertirse en una fuente de inflación.
Javier Milei celebró la aprobación y calificó la reforma como “un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien”.
La discusión no termina, sin embargo, en la emisión monetaria.
Los bloques opositores sostuvieron durante el debate que el problema central es que la reforma puede dejar al Estado con menos instrumentos para responder ante una crisis económica, financiera o social.
El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman afirmó que el proyecto “le quita instrumentos al Estado” y cuestionó especialmente las disposiciones relacionadas con los activos del Banco Central.
Su advertencia apunta a un aspecto particularmente sensible: qué podrá hacerse con los activos y reservas del BCRA en operaciones destinadas a obtener financiamiento externo.
Ese punto quedó reflejado en el debate sobre el artículo 13.
Diputados de la oposición solicitaron que el artículo 13 fuera votado de manera individual. El oficialismo rechazó ese planteo y la Cámara optó por votar el proyecto por títulos.
El Título I, que contenía el artículo 13, fue aprobado por 138 votos a favor, 110 en contra y 7 abstenciones.
La discusión es relevante porque el artículo incorpora disposiciones vinculadas con la posibilidad de utilizar activos del Banco Central como respaldo o garantía de determinadas operaciones de endeudamiento.
Para la oposición, esto abre una vía para que los activos de la autoridad monetaria sirvan de respaldo a nuevo endeudamiento externo.
Hagman sostuvo que el Gobierno podría utilizar al Banco Central para obtener dólares mediante deuda y llegar a 2027 evitando una crisis cambiaria.
Esa afirmación debe ser presentada como una advertencia política de la oposición y no como un hecho demostrado. Lo que sí corresponde señalar es que el proyecto modifica el marco legal relacionado con los activos del BCRA y el endeudamiento, por lo que el alcance concreto de esas disposiciones deberá ser seguido de cerca durante su tratamiento en el Senado y, eventualmente, en su aplicación.
Otro aspecto de importancia institucional es el régimen para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central.
La reforma establece mayores exigencias para la remoción de las autoridades, lo que busca otorgarles mayor estabilidad frente a cambios de gobierno.
El actual titular del BCRA es Santiago Bausili.
La oposición interpreta este cambio como una forma de proteger la actual conducción de la entidad y limitar la capacidad de un futuro gobierno para modificarla.
Nuevamente, hay una diferencia entre el hecho verificable —el endurecimiento del mecanismo de remoción— y la interpretación política de que la medida tiene como finalidad específica preservar a Bausili en el cargo.
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Este es uno de los interrogantes centrales que deja la reforma.
El Gobierno sostiene que impedir que el Banco Central financie al Tesoro evita repetir un mecanismo que considera responsable de buena parte de la inflación argentina.
Pero desde la oposición se plantea otra cuestión: qué capacidad tendrá el Estado para actuar frente a una emergencia cuando las herramientas monetarias y financieras estén legalmente más restringidas.
La discusión involucra directamente a trabajadores, jubilados, empresas, provincias y sectores que dependen de políticas públicas.
Una restricción permanente a la asistencia del Banco Central puede contribuir a evitar determinados mecanismos de emisión, pero también reduce el margen de maniobra de futuros gobiernos ante situaciones extraordinarias.
El verdadero impacto dependerá, por lo tanto, no solamente de lo que establece la ley, sino de cómo evolucione la economía, qué ocurra con las reservas, el crédito, la deuda y el tipo de cambio y qué alternativas tenga el Estado frente a una eventual crisis.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó la decisión de votar por títulos y reclamó que los artículos fueran tratados individualmente.
Desde su banca acusó al oficialismo de intentar evitar que determinadas disposiciones quedaran expuestas durante la votación.
Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto cuestionó el enfoque económico de la reforma y sostuvo que el Banco Central debe estar subordinado al interés general del país.
Sus intervenciones expresaron una crítica más amplia: la preocupación de que las restricciones impuestas al Estado terminen trasladando los costos de las crisis futuras a trabajadores, jubilados y sectores de menores ingresos.
La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques y legisladores provinciales, entre ellos representantes de Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.
En contra votaron principalmente Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, además de distintos diputados de otros espacios.
Entre quienes rechazaron el proyecto estuvieron Natalia de la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Marcela Pagano, Pablo Farías, Esteban Paulón y Jorge Fernández.
Hubo además abstenciones de legisladores de Elijo Catamarca, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
En la misma sesión, Diputados aprobó la denominada Inocencia Fiscal II, por 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, y la giró al Senado.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca facilitar la incorporación al sistema financiero de dinero que actualmente permanece fuera del circuito formal.
El proyecto modifica los mecanismos de fiscalización y amplía los márgenes de diferencia permitidos entre determinadas declaraciones de los contribuyentes y la información detectada por ARCA.
También elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y establece restricciones para funcionarios públicos.
El objetivo oficial es incentivar la utilización de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.
La discusión política, en este caso, pasa por otro interrogante: si las modificaciones permitirán efectivamente movilizar ahorro hacia la economía formal o si, por el contrario, implicarán una reducción excesiva de los controles fiscales.
La reforma del Banco Central no es solamente una discusión técnica sobre emisión monetaria.
Implica definir qué margen de acción tendrá el Estado argentino durante los próximos gobiernos, qué herramientas conservará frente a una crisis y qué grado de autonomía tendrá el Banco Central respecto del poder político.
El Gobierno sostiene que la mejor protección para los argentinos es impedir que el Estado vuelva a financiar sus desequilibrios mediante emisión.
La oposición responde que una economía no puede quedar atada a una única receta y advierte que, si desaparecen determinadas herramientas, el ajuste de una futura crisis podría recaer con mayor intensidad sobre quienes tienen menor capacidad económica.
Ahora la discusión pasa al Senado.
Allí estará una de las claves para determinar si el Congreso argentino avanza hacia un Banco Central con mayores restricciones para financiar al Estado y mayores garantías de estabilidad institucional, o si la iniciativa encuentra nuevos límites y modificaciones.
Más allá de las consignas de oficialismo y oposición, el punto que deberá seguirse con especial atención es quién asumirá los costos cuando las herramientas del Estado estén restringidas: los mercados y los acreedores, o nuevamente los sectores con menor capacidad para absorber una crisis.
