La Mega Radio
Pedro Miguel Massola
La adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus marca una de las decisiones económicas y estratégicas más relevantes de los últimos años. Se trata de una vía navegable de 1.635 kilómetros por la que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos, harinas y aceites, además de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
La concesión fue oficializada mediante la Resolución 36/2026 y tendrá una duración de 25 años. El nuevo operador será responsable del dragado, balizamiento, señalización, mantenimiento y modernización de la principal arteria fluvial del país.
Desde el Gobierno de Javier Milei sostienen que el proyecto permitirá una reducción del 13,5% en los costos logísticos y favorecerá la competitividad de las exportaciones argentinas. También se proyecta una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares durante el período concesionado.
Más allá de los aspectos técnicos y económicos, la adjudicación volvió a instalar una discusión de fondo: quién debe controlar una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo nacional.
Diversos especialistas, sectores políticos, organizaciones vinculadas a la defensa de la soberanía y referentes del ámbito portuario advierten que la concesión a operadores privados implica ceder capacidad de decisión sobre una vía clave para el comercio exterior argentino.
Los cuestionamientos se centran en que la Hidrovía no sólo es una ruta de transporte, sino también un corredor estratégico por donde salen las principales riquezas exportables del país. Desde esta perspectiva, la administración privada limitaría la capacidad del Estado para fiscalizar cargas, controlar el comercio exterior y definir políticas de desarrollo vinculadas al sistema portuario.
Quienes sostienen esta posición consideran que la discusión trasciende el dragado o el balizamiento y se relaciona con el control efectivo de los recursos y de la logística nacional.
La licitación también estuvo rodeada de controversias internacionales.
Un grupo de empresas estadounidenses vinculadas a la firma DEME, que compitió en el proceso, denunció supuestas irregularidades y manifestó preocupaciones sobre la transparencia del procedimiento.
A ello se sumó una carta enviada por el congresista republicano Brian Mast al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde se mencionaban presuntos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales chinas.
La empresa belga rechazó esas acusaciones y aseguró que, en caso de obtener la concesión, no habría participación de compañías chinas ni injerencia estatal extranjera en el desarrollo tecnológico del proyecto.
El Ministerio de Economía afirmó que Jan De Nul y Servimagnus presentaron la mejor oferta económica y técnica entre las propuestas recibidas.
Además, el Gobierno destacó que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones formales durante el proceso licitatorio y señaló que la firma del contrato se concretaría dentro de los próximos 30 días.
La Hidrovía concentra una enorme relevancia económica, geopolítica y comercial para la Argentina. Mientras el Gobierno prioriza la eficiencia logística, las inversiones y la reducción de costos, los sectores críticos insisten en que el debate principal debe centrarse en el grado de control que el Estado conserva sobre una infraestructura considerada vital para el comercio exterior.
La adjudicación ya está definida, pero la discusión sobre soberanía, administración y control estratégico de la principal vía fluvial del país promete continuar durante los próximos años.
