
Represión en Mendoza: tensión, detenidos y un nuevo capítulo en la defensa del agua
Pedro Miguel Massola
El miércoles 8 de abril, la ciudad de Mendoza fue escenario de una masiva movilización en defensa de la Ley de Glaciares, en medio del debate nacional por su posible modificación en la Cámara de Diputados. Miles de personas se concentraron y marcharon desde el kilómetro cero provincial para rechazar lo que consideran una reforma regresiva que podría favorecer intereses mineros.
Durante la jornada, y en paralelo a una sesión legislativa que se extendió por más de 12 horas, la protesta derivó en momentos de tensión cuando fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes. Según distintos reportes, al menos ocho personas fueron detenidas en el marco del operativo.
La movilización se enmarca en un conflicto más amplio que atraviesa a Mendoza desde hace años: la defensa del agua frente al avance de proyectos extractivos. En ese contexto, organizaciones sociales, ambientales y sectores políticos sostienen que no existe “licencia social” para modificar normativas clave como la Ley de Glaciares o la ley provincial 7722.
Desde el gobierno provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la protesta. Sin embargo, desde distintos sectores denunciaron represión y detenciones arbitrarias como forma de desalentar la protesta social.
El episodio se suma a una serie de conflictos recientes vinculados a la actividad minera en la provincia, con antecedentes en movilizaciones en Uspallata y otras localidades, donde también se registraron enfrentamientos y detenciones.
El debate por el modelo productivo y la protección de los recursos naturales vuelve a instalarse con fuerza en Mendoza. Entre el reclamo social y la respuesta estatal, la discusión sobre el agua, los glaciares y el futuro ambiental del país sigue abierta y en tensión.


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