Fuerte rechazo del campo: advierten que la desregulación de la vacuna antiaftosa por Milei pone en riesgo mercados clave

El sector agropecuario manifestó su creciente preocupación ante las modificaciones que el Gobierno nacional analiza implementar en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. En una entrevista brindada a primera hora de este viernes en Radio Mágica, el productor y referente rural Lucas Semper expuso con claridad el malestar que atraviesa al campo.

Según explicó, la iniciativa forma parte de un proceso más amplio de desregulación impulsado por la gestión de Javier Milei, pero advirtió que en este caso se trata de un tema “extremadamente sensible” por su impacto directo en la sanidad animal y en la economía nacional.

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de que cualquier vacunador pueda aplicar las dosis sin la actual estructura de control de las fundaciones y entidades rurales. A esto se suma la opción de que los propios productores compren y transporten las vacunas, lo que —según Semper— rompe la trazabilidad y pone en duda la cadena de frío, un aspecto clave para la efectividad del sistema.

“El riesgo es enorme en comparación con el ahorro que se busca. Estamos hablando de monedas frente a la posibilidad de perder todos los mercados internacionales”, sostuvo.

El antecedente histórico refuerza la preocupación: tras lograr el estatus sanitario necesario para exportar, un brote de aftosa a comienzos de los 2000 provocó el cierre inmediato de mercados y obligó a reconstruir el sistema durante años.

Otro aspecto crítico es el impacto desigual de la medida. Mientras los grandes productores podrían beneficiarse con una reducción de costos, los pequeños quedarían en desventaja. En zonas alejadas, los veterinarios podrían dejar de prestar servicios por falta de rentabilidad, lo que pondría en riesgo la cobertura sanitaria total.

Además, Semper advirtió que el sistema actual no solo garantiza la vacunación obligatoria, sino que permite controles cruzados, seguimiento de lotes, verificación de vencimientos y un monitoreo integral que desaparecería con la desregulación.

“El problema es que se pasa de un sistema colectivo a uno individual. Y en sanidad, el error de uno afecta a todos”, explicó.

Las entidades rurales ya comenzaron a organizar reclamos formales y contactos con autoridades para intentar frenar o modificar la medida, que podría implementarse a partir de 2027.El debate deja al descubierto una tensión de fondo: hasta dónde avanzar con la desregulación sin comprometer sistemas que han sido claves para el desarrollo productivo. En juego no está solo el costo de una vacuna, sino la credibilidad sanitaria de todo un país.