Juan Larrea denunció violencia policial tras ser detenido en Bahía Blanca

Juan Larrea, histórico dirigente del Partido Comunista y testigo en causas vinculadas con la Triple A, denunció haber sufrido violencia policial durante un procedimiento realizado el miércoles 18 de noviembre en Bahía Blanca. El episodio ocurrió pocas horas después de la apertura del juicio contra Néstor Luis Montezanti, en el que Larrea había participado como integrante del público y en el que, según relató, recibió insultos junto con integrantes de su familia.
El caso tomó estado público a partir de una entrevista concedida por Larrea a FM De la Calle, en la que reconstruyó las circunstancias de su detención, las lesiones que dijo haber sufrido y las condiciones en las que permaneció alojado en dependencias de la Comisaría Primera.
De acuerdo con su testimonio, el procedimiento comenzó cuando se encontraba en el domicilio de su hija. Al bajar para encontrarse con su hijo, advirtió que efectivos policiales lo estaban siguiendo. Según relató, cuando intentó interponerse para evitar que avanzaran sobre él, fue empujado y terminó detenido.
El dirigente sostuvo que los efectivos ingresaron al edificio sin exhibir una orden judicial, recorrieron los pasillos y solicitaron identificaciones a los vecinos. También afirmó que durante el operativo fue golpeado, esposado y trasladado por la fuerza, y que sufrió lesiones en las manos y los antebrazos.
La detención y las condiciones de alojamiento
Larrea explicó que fue trasladado a la Comisaría Primera de Bahía Blanca, donde permaneció durante la noche. Según su relato, fue llevado a un sector semicubierto, esposado con las manos detrás de la espalda y expuesto al frío durante varias horas.
También manifestó que permaneció parcialmente desnudo como consecuencia de la forma en que, según denunció, fue trasladado. Durante la detención recibió atención médica por las lesiones y por un episodio de presión arterial elevada. Afirmó que necesitaba medicación y que, ante la falta de disponibilidad en la dependencia, su abogado se ofreció a conseguirla.
El dirigente tiene 82 años y señaló que su familia y allegados permanecieron preocupados por su estado de salud durante toda la noche.
En la entrevista también describió el contexto que, según su versión, originó el procedimiento. Explicó que la Policía habría intervenido a partir de avisos de particulares que observaron a una persona caminando cerca de un vehículo de mudanzas y consideraron que podría estar preparando un robo. Larrea sostuvo que esas circunstancias no justificaban el despliegue policial ni el ingreso al edificio.
La Fiscalía dispuso su liberación
La situación se resolvió el jueves 19 de noviembre. Según el acta que Larrea recibió en la Comisaría Primera a las 10:40, la Fiscalía de Instrucción N.º 15, a cargo de la doctora Claudia Lorenzo, dispuso su libertad en el marco de la investigación penal preparatoria (IPP) 25832-26, caratulada «Larrea, Juan Antonio s/ amenazas y resistencia a la autoridad».
El documento señala que, tras consultar el sistema informático policial, no surgía que el imputado tuviera pedidos de captura o declaración de rebeldía y que, en ese momento, no se encontraban elementos que justificaran mantener la detención.
Larrea contó que, al momento de recuperar la libertad, se presentaron autoridades policiales de mayor jerarquía y que recibió disculpas por el procedimiento. Sin embargo, aclaró que aceptar esas disculpas en el plano personal no significa renunciar a que se investiguen las responsabilidades institucionales e individuales.
En ese sentido, confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal que interviene en cuestiones de derechos humanos. Indicó que será la Justicia la que determine si corresponde su competencia o si las actuaciones deben continuar en el ámbito de la Justicia provincial.
El vínculo con el juicio a Montezanti
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la relación que Larrea estableció entre su detención y los acontecimientos ocurridos en el inicio del juicio contra Néstor Luis Montezanti.
El miércoles 18 de noviembre comenzó en Bahía Blanca el debate oral contra el exintegrante de la Cámara Federal de Apelaciones, investigado por su presunta participación en la organización paraestatal Triple A y por el delito de intimidación pública, relacionado con la ocupación armada de la sede regional de la Universidad Tecnológica Nacional en 1974.
La acusación sostiene que Montezanti habría integrado una estructura vinculada con la persecución de opositores políticos, sindicales y estudiantiles. Se trata de imputaciones que deberán ser analizadas y resueltas durante el juicio.
Larrea aseguró que, al finalizar la primera audiencia, Montezanti había dirigido insultos y amenazas hacia él y su familia dentro del tribunal. Para el dirigente comunista, la proximidad temporal entre ese episodio y el posterior operativo policial constituye un elemento que debe ser investigado.
«Yo tengo que pensar, luego de que insultó y amenazó a mi familia en público, que Montezanti pudo haber actuado en forma directa, porque está en libertad», expresó durante la entrevista.
Se trata de una interpretación y una sospecha planteadas por el propio Larrea. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer que Montezanti haya tenido participación en el procedimiento policial ni que exista una conexión probada entre ambos acontecimientos.
Denuncia y reclamo de investigación
El Partido Comunista de la Argentina difundió el 21 de noviembre un comunicado de solidaridad con Larrea, su familia y sus compañeros de militancia. El documento lleva las firmas del Secretariado Regional bonaerense y del Secretariado Nacional de la organización.
En el texto, el partido denunció el accionar policial y calificó el procedimiento como un episodio de violencia y amedrentamiento. También convocó a organizaciones políticas y sociales a expresar su solidaridad y reclamó que se investiguen los hechos.
Por su parte, la CTA Autónoma de Bahía Blanca también denunció públicamente la detención y reclamó una investigación sobre el comportamiento de los efectivos que participaron del operativo.
El caso plantea interrogantes sobre las circunstancias del procedimiento, la legalidad del ingreso al edificio, el trato recibido por el detenido y las responsabilidades de los funcionarios intervinientes.
Mientras se aguarda el avance de las actuaciones judiciales, Larrea manifestó que no está dispuesto a naturalizar este tipo de situaciones y pidió que la comunidad permanezca atenta ante posibles vulneraciones de derechos.
El militante local Ramón Sarmiento nos envió el link del siguiente comunicado.

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