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Pedro Miguel MassolaRossi comenzó aclarando que el proyecto aún no es ley: cuenta con media sanción del Senado y debe tratarse en Diputados. Incluso, si sufre modificaciones, deberá volver a la Cámara Alta. Sin embargo, sostuvo que más allá de la eliminación del polémico artículo 44, el núcleo de la reforma mantiene aspectos que generan “profunda preocupación”.
Entre los puntos que cuestionó, señaló la habilitación para que los salarios puedan pagarse en moneda extranjera o incluso en especie, lo que —según su visión— altera el principio histórico del pago en dinero de curso legal.
También advirtió sobre la incorporación del denominado “banco de horas”, que permitiría jornadas de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extra, compensadas con descansos posteriores. “En la práctica, se estaría legalizando una jornada de 12 horas”, sostuvo.
Uno de los aspectos más críticos para Rossi es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte del 3% del empleador. Según explicó, el espíritu de la norma apunta a reemplazar el esquema tradicional de indemnizaciones por despido.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de que un juez autorice el pago de la indemnización hasta en 12 cuotas mensuales. “Un trabajador despedido, luego de atravesar un juicio laboral, podría cobrar en cuotas. Eso es un retroceso”, afirmó.
La reforma también extiende el período de prueba de tres a seis meses, con excepciones que podrían llevarlo hasta un año en microempresas. Para Rossi, esto habilitaría una rotación constante sin indemnización.
En materia sindical, sostuvo que la norma debilita la negociación colectiva, limita convenios y avanza sobre el derecho de huelga, al exigir que durante conflictos laborales se garantice entre el 50% y el 75% de funcionamiento en actividades consideradas esenciales.
El coordinador regional sostuvo que modernizar la legislación puede ser necesario, pero no bajo este enfoque. “Una reforma laboral por sí sola no genera empleo. Lo que genera trabajo genuino es un modelo productivo con crecimiento económico”, señaló.
Como ejemplo, mencionó que entre 2003 y 2009 se crearon más de cuatro millones de puestos de trabajo sin modificar la ley laboral vigente.
Rossi describió el escenario regional como “preocupante y devastador”, con cierre de pymes, pérdida de empleos y comercios que abren y cierran con rapidez. Según afirmó, la apertura indiscriminada de importaciones y el modelo centrado en la especulación financiera afectan directamente a la producción local.
“El trabajo es un ordenador social. Si no hay producción, no hay demanda de empleo; si no hay empleo, cae el consumo y nada funciona”, expresó.
Ante la eventual aprobación de la ley, Rossi anticipó una fuerte judicialización, con acciones impulsadas por sindicatos y la CGT. A su entender, la norma podría generar más conflictividad y no resolver el problema estructural del empleo.
Finalmente, instó a los referentes locales que apoyan la reforma a expresar públicamente su posición. “Que expliquen qué piensan de una norma que implica pérdida de derechos laborales”, concluyó.
