Piden prisión preventiva para dos empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una secta abusiva

La fiscal Betina Lacki solicitó este miércoles la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados del Senado de la provincia de Buenos Aires acusados de encabezar una secta que habría abusado sexualmente de mujeres en La Plata. Ambos están procesados por abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el grave daño a la salud psicofísica de las víctimas, en concurso real con privación ilegal de la libertad.

El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien cuenta con un plazo de cinco días para resolver. Previamente, el magistrado convocó a una audiencia prevista en el artículo 168 bis del Código Procesal Penal, solicitada por la defensa, donde los abogados podrían requerir la morigeración de la medida —como el arresto domiciliario— y cuestionar la prueba reunida. La audiencia fue fijada para este viernes a las 12, confirmó uno de los letrados de la causa, Ignacio Fernández Camillo.

La fiscal fundamentó la solicitud en la elevada pena en expectativa —que podría alcanzar los 15 años—, el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento del proceso. Según la acusación, los imputados habrían acosado a las víctimas e intentado influir en la investigación.

En paralelo, Lacki dispuso la acumulación de denuncias que se tramitaban por separado en la UFI N°2. Sin embargo, esa cuestión aún debe resolverse, ya que uno de los expedientes está radicado en el juzgado de Masi y otro en el de Pablo Raele. En ese marco, la fiscal pidió que se decline la competencia a favor de este último.

Fuentes judiciales indicaron que también se investiga el posible rol de funcionarios que habrían conocido los hechos o tenido conocimiento de lo que ocurría en el Senado y no realizaron la denuncia correspondiente, aun tratándose de delitos de instancia privada.

Entre ellos se mencionó a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, quien habría señalado en un medio local que las acusaciones “circulaban como rumor”. La funcionaria negó haber tenido conocimiento de los hechos y aseguró que, al tomar intervención, se elevó un informe y se brindó asistencia a las denunciantes. No obstante, la fiscal evalúa citarla para que dé explicaciones ante la Justicia.

Cómo operaba la secta, según la acusación
De acuerdo con la fiscalía, la organización funcionó entre 2015 y 2019 con una estructura piramidal. Rodríguez era señalado como el líder máximo, autodenominado “Dios Kiei”, a quien las víctimas debían servir como parte de un supuesto propósito espiritual. Silva Muñoz, en tanto, cumplía el rol de “sensei” o facilitadora: se ganaba la confianza de las mujeres y las persuadía para mantener relaciones sexuales con Rodríguez, bajo el argumento de una “trieja” que no podía romperse.

Los contactos se iniciaban en distintos ámbitos: militancia política —ambos eran referentes del Movimiento Ciudadano “La Capitana”, ligado al kirchnerismo—, espacios universitarios y encuentros de mujeres, donde Silva Muñoz se desempeñaba como referente de género. En algunos casos, según testimonios, Rodríguez generaba dependencia económica, pagaba estudios y ejercía presiones y amenazas.

El documento fiscal sostiene que, incluso en oficinas del Senado bonaerense, las víctimas eran llevadas y dejadas encerradas con Rodríguez para que se produjeran los abusos. El avance de la causa ahora queda en manos del juez, mientras las víctimas aguardan una decisión que marque un límite claro frente a los delitos denunciados.