Energía bajo amenaza: el corazón nuclear argentino en la mira de la privatización

Entrevistado: Andrés Kreiner
Secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Especialista y voz autorizada en materia de energía nuclear, desarrollo tecnológico y política nuclear argentina.
Entrevistadora: Noelia Barral Grigera
Periodista y conductora del programa “Batalla Cultural”, espacio televisivo donde se desarrolló la entrevista.

La escena es silenciosa, pero el peligro es real. En los pasillos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de Núcleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la incertidumbre se respira como un gas invisible. Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA, lo dice sin rodeos: la Argentina está al borde de perder uno de los pilares más sólidos de su soberanía tecnológica.

A contramano del debate global, donde la energía nuclear vuelve a ocupar un lugar central como fuente limpia y de base, el país atraviesa un proceso de asfixia presupuestaria y salarial. El objetivo internacional es claro: triplicar la capacidad nuclear hacia 2050 para alcanzar la neutralidad de emisiones. Argentina, sin embargo, parece retroceder.

El país cuenta hoy con tres centrales en funcionamiento —Atucha I, Atucha II y Embalse— que aportan entre el 7 y el 9 por ciento de la energía eléctrica nacional. No es un número menor. Es energía constante, no intermitente, y producida con una tecnología propia: uranio natural y agua pesada. Una elección estratégica tomada décadas atrás para evitar la dependencia del uranio enriquecido, cuyo suministro está controlado por un puñado de potencias.

Ese camino permitió desarrollar una industria de alto valor agregado, incluyendo la Planta Industrial de Agua Pesada en Arroyito, Neuquén, una de las más grandes del mundo. Cada tonelada de ese insumo estratégico vale cifras que superan ampliamente a los commodities tradicionales. Sin embargo, hoy la planta está en riesgo: trabajadores denuncian sueldos impagos y paralización.

El proyecto Atucha III quedó suspendido. La expansión nuclear, congelada. Y en paralelo, el Gobierno impulsa la privatización parcial de NA-SA. Aunque la Ley Bases limitó la venta al 49 por ciento, Kreiner advierte que el control efectivo podría quedar en manos privadas extranjeras. El resultado, según el dirigente, sería previsible: importación de insumos, abandono del desarrollo local y pérdida de empleos calificados.

A la par, más de 360 trabajadores contratados de la CNEA tienen vínculos laborales renovados solo hasta el 31 de marzo. La precarización acelera un éxodo silencioso de científicos y técnicos formados durante años con inversión pública. Países que hoy reactivan su industria nuclear los reciben sin dudar.

El trasfondo, sostiene Kreiner, no es solo económico. Hay una pulseada geopolítica. Estados Unidos busca recuperar terreno en el sector nuclear y nunca vio con buenos ojos un desarrollo argentino autónomo. La estrategia sería conocida: ahogo financiero, parálisis de proyectos y, finalmente, entrega.

Mientras tanto, el cambio climático avanza. Alemania, recuerdan los especialistas, abandonó la energía nuclear y terminó dependiendo del gas ruso, para luego volver al carbón tras la guerra en Ucrania. Argentina parece ignorar esas lecciones.

La advertencia queda flotando, como en las viejas crónicas: si se apagan las luces del desarrollo nuclear, no será un accidente. Será una decisión.