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Pedro Miguel Massola
El caso, caratulado como “Homicidio agravado por violencia de género” (art. 80, inciso 11, del Código Penal), será juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados. El proceso está a cargo del juez Facundo Galanes, y se espera la declaración de 33 testigos, convocados tanto por la Defensa como por el Ministerio Público Fiscal.
El único imputado es Mario Luis Pereyra, de 40 años, quien posee antecedentes penales de suma gravedad. En 2001 fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de una vecina. A pesar de ello, en 2022 accedió al beneficio de la libertad condicional. Además, se le atribuyen antecedentes por violencia de género. Ahora enfrenta una nueva acusación, esta vez por el femicidio de su expareja.
Ana María Aristimuño, conocida como “Anita”, tenía 54 años y era docente de la Escuela Primaria N°47 de Trenque Lauquen. Reconocida por su compromiso con la educación y su participación en espacios comunitarios, era muy querida por sus colegas, alumnos y familias. Su muerte generó una profunda conmoción en toda la comunidad.
Según se desprende de la investigación, la mujer fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, amordazada, atada de pies y manos, y con signos de haber sido asfixiada. El cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del domicilio, que se hallaba ordenado, sin indicios de violencia ni señales de robo: no había aberturas forzadas ni elementos revueltos o faltantes. Estas circunstancias reforzaron desde un principio la hipótesis de un femicidio perpetrado en un contexto de violencia de género.
La causa generó una fuerte repercusión pública, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por el prontuario del acusado y las condiciones judiciales que permitieron su libertad. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas de la región han acompañado a la familia de la víctima y expresado su reclamo por justicia y por la revisión de los criterios que regulan la excarcelación de personas condenadas por delitos graves.
La comunidad de Trenque Lauquen sigue de cerca el desarrollo del juicio, con la expectativa de que se esclarezca el hecho, se imponga una sentencia justa y se visibilice la necesidad de reforzar los mecanismos de protección frente a la violencia de género.
