Advertencia del Municipio por venta de viviendas sociales: preocupación y reclamos de vecinos en las redes.

Según el informe difundido por la Secretaría de Desarrollo y Comunidad, las adjudicaciones se realizaron respetando las normativas vigentes, a partir de un censo habitacional, un registro de aspirantes y un posterior sorteo público. La titular del área, Natalia Abanz, y el intendente Pablo Javier Zurro firmaron el mensaje, subrayando que toda acción que promueva la venta de estas viviendas será considerada una falta grave, pasible de medidas legales.

El comunicado oficial generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde numerosos vecinos expresaron su malestar por situaciones que consideran injustas o irregulares, y reclamaron mayores controles por parte del Estado municipal.

Una de las voces más visibles fue la de Julia Rodríguez, quien denunció públicamente que hay viviendas adjudicadas que permanecen vacías o son prestadas a terceros. "En calle Marechal y Oro hay una casa donde no vive nadie, solo dejan la luz prendida para simular que está habitada", comentó. Además, señaló que en el barrio Mujica "hay gente viviendo que no son los propietarios".

Otras usuarias, como Ceci Gamarra, exigieron un control exhaustivo “casa por casa” y cuestionaron que muchas viviendas “usurpadas terminaron siendo regularizadas en el Instituto de la Vivienda”, lo que, a su entender, refuerza la sensación de impunidad. “Hace 23 años que estoy anotada y nunca me tocó. Mientras tanto, hay casas abandonadas o vendidas”, escribió.

Por su parte, Gabriela De Franco manifestó su indignación al calificar de “injusto” el sistema de adjudicación. “Hay mucha gente que necesita techo y a otros que tuvieron la suerte de recibir una vivienda, la venden. Vergüenza ajena”, expresó. En línea con este sentimiento, Stefania Dorronsoro Astrada lamentó que “no se valore lo que se recibe” y relacionó el comunicado municipal con una supuesta publicación en redes donde se ofrecía a la venta una vivienda social.

Algunos comentarios también apuntaron a la necesidad de reformular el sistema. Ramón Berrutti propuso que las casas sigan perteneciendo al municipio y se asignen en comodato a las familias según sus necesidades, permitiendo su rotación cuando las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios mejoren. En contraste, Mari Mon opinó que muchas personas “no cuidan lo que se les da”, a diferencia de quienes construyen su casa con esfuerzo propio.

Frente a la polémica, también hubo opiniones en respaldo a la medida. Angélica Geraldes celebró la decisión del Ejecutivo local y pidió que se aplique con firmeza. Otros usuarios, como Pedroagustin Sagrera y Maru Rivero, coincidieron en que las condiciones de adjudicación deben incluir cláusulas más estrictas y controles permanentes.

La situación pone nuevamente en debate la transparencia, el control y la justicia social en la asignación de viviendas públicas, así como la necesidad de garantizar que estos recursos del Estado lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.