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Dictador disfrazado de presidente: Milei pasa por arriba al Congreso y veta ayuda para Bahía Blanca

A pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, la ley de emergencia destinada a Bahía Blanca fue vetada arbitrariamente por Javier Milei, quien desoyó la voluntad popular y rechazó la utilización de fondos ya disponibles para la urgente reconstrucción de la ciudad tras la devastadora inundación.

Regionales24/06/2025Pedro MassolaPedro Massola
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Con reflejos dignos de un ajedrecista que juega con piezas que no son suyas, el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional. La norma preveía asistencia concreta a una ciudad golpeada por una de las peores inundaciones de su historia. El detalle: los fondos existen, pero el gobierno nacional decidió no utilizarlos. ¿Una decisión fiscal? ¿Un gesto político? ¿O simplemente un acto de indiferencia con firma libertaria?

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 En democracias maduras, los vetos presidenciales se explican con argumentos jurídicos o técnicos. En la Argentina actual, parecen alcanzar con una lapicera, un decreto y una lógica difícil de seguir. Esta vez, la víctima institucional fue Bahía Blanca, una ciudad que —como todos recuerdan— sufrió en diciembre una tormenta devastadora, con registros hídricos sin precedentes en casi un siglo, viviendas arrasadas, servicios colapsados y familias aún en proceso de recuperación.

A instancias del Congreso, se aprobó —con voto unánime— una ley para declarar la emergencia en la ciudad y disponer 200.000 millones de pesos en asistencia directa, subsidios, obras de infraestructura y beneficios fiscales. Un intento de reparación institucional y humana. Pero el presidente decidió vetarla, argumentando que ya existe un fondo para tal fin.

Ese fondo, mencionado por el Poder Ejecutivo como motivo del veto, no se ha ejecutado ni distribuido hasta el momento, según aclaró el intendente local Federico Susbielles, quien remarcó en varias oportunidades que, a pesar de los anuncios oficiales, la reconstrucción real de la ciudad aún no ha comenzado. En palabras del propio jefe comunal:

“Bahía Blanca dio una primera respuesta, se restablecieron servicios básicos, pero la reconstrucción no empezó. Y no podrá hacerse sin el aporte de los tres niveles del Estado”.
Más aún: el ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, recordó que existe un crédito por 200 millones de dólares del Banco Mundial, gestionado durante su paso por la cartera nacional, específicamente orientado a situaciones como la de Bahía Blanca. Según él, ese crédito está aprobado y firmado, pero no se ha ejecutado ni un solo dólar en lo que va de la actual administración nacional.

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¿Hay plata? Sí.
¿Hay ley aprobada? Sí.
¿Hay necesidad urgente? También.
¿Y entonces? Hay veto.

Y en este punto, una pregunta que sobrevuela los pasillos del Concejo Deliberante local: ¿qué harán ahora los concejales de nuestra ciudad ante semejante falta de empatía de parte de su gobierno nacional con el pueblo?
¿Seguirán justificando lo injustificable, aplaudiendo de pie al líder que les da la espalda a sus propios vecinos Bahienses?
¿O de una vez por todas se animarán a levantar la voz ?
La oportunidad de demostrarlo está servida. El silencio también será una respuesta.

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Quizás estemos ante una nueva ingeniería política: una mezcla de austeridad selectiva, desprecio por el rol estatal y ejercicio de poder sin matices. El problema es que las ciudades no se reconstruyen con discursos, ni con decretos que duermen los fondos. Se reconstruyen con inversión, con decisión y, sobre todo, con presencia del Estado, algo que en esta oportunidad brilla por su ausencia.

Desde el oficialismo nacional se sostiene que no se vetó la ayuda, sino que se reorganizó bajo otras herramientas. Pero los hechos son claros: la ciudad sigue esperando, no pudo reconstruirse,  los fondos prometidos y aprobados por ley no llegan, y los instrumentos legales disponibles no se activan. Todo indica que, en esta administración, tener la plata no garantiza que se use, ni siquiera cuando hay una emergencia humanitaria de por medio.

Ironías del presente argentino: el Congreso entero dice sí, el presidente dice no. La ciudad necesita ayuda, el gobierno la niega. Hay fondos disponibles, pero nadie los toca. ¿La respuesta? Tal vez esté en una frase repetida por el presidente desde el inicio de su mandato: “el Estado es el enemigo”. Y como en toda guerra, parece que algunas ciudades también quedan del lado equivocado.

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