Insólito: La Provincia incumple sus propias leyes y pone en riesgo los sistemas informáticos.

La normativa en cuestión es clara. Mientras la Ley 10.430, que regula de manera general el empleo público, solo requiere la matriculación al momento del ingreso de un profesional, la Ley 13.016, sancionada con posterioridad y para regular de forma específica la actividad de los informáticos, obliga a la verificación anual de la matrícula para que el ejercicio de la profesión sea legal.

Según expertos consultados, ambas leyes son complementarias: la primera define condiciones laborales, y la segunda, requisitos profesionales irrenunciables.

Sin embargo, la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Paula Verónica Ferrarisa, la misma que hace unos meses protagonizó un escándalo con los choferes de gobernación, viene desconociendo la vigencia de la 13.016.

El resultado es que al menos 900 empleados provinciales desempeñan funciones técnicas sin garantizar su matrícula actualizada, aun cuando perciben un plus salarial del 65% por su especialización.

Con sueldos promedios de 1,5 millones de pesos, este grupo percibe además un plus del 65% que representa casi un millón de pesos extra al mes, mientras que el costo anual de la matriculación en el CPCIBA tiene un costo anual que según la última actualización no supera los 200 mil pesos.

En ese sentido, las autoridades del Consejo llevan meses alertando sobre el problema. En diálogo con este medio, confirmaron que intentaron establecer reuniones con la Subsecretaría, pero solo recibieron como respuesta la insistencia en que la Ley 10.430 no exige renovación de matrícula.

"El Estado no puede invocar una norma general para desconocer una ley específica que él mismo promulgó. Es un sinsentido jurídico", afirmaron desde la entidad profesional.

Los riesgos de esta omisión son múltiples. Por un lado, la provincia podría enfrentar multas —establecidas en la Ley 13.016— por emplear profesionales no habilitados. Por otro, proyectos informáticos desarrollados por estos trabajadores podrían ser impugnados, ya que su labor carecería de aval legal. Además, se genera un conflicto ético: el Estado bonifica roles que, técnicamente, están siendo ejercidos en situación irregular.

La falta de voluntad política para resolver el conflicto agrava el escenario. Tras los reclamos iniciales del CPCIBA, el diálogo se estancó. Fuentes internas del organismo sugieren que existe preocupación por un éxodo de profesionales hacia el sector privado, donde la matriculación sí es exigida como estándar de calidad. Mientras tanto, el gobierno bonaerense sigue invirtiendo en pluses salariales sin garantizar que sus sistemas —desde salud hasta seguridad— estén en manos de personal debidamente habilitado.

La contradicción no es menor. En un contexto donde la transformación digital es prioridad, la provincia invierte recursos millonarios en tecnología, pero desestima un requisito básico para asegurar la idoneidad de quienes la implementan. Regularizar esta situación costaría menos que un mes de bonificaciones, pero requeriría algo más complejo: que el Estado cumpla las leyes que él mismo creó.

Fuente: Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCIBA)