La mafia de los medicamentos y el tráfico de efedrina en Argentina.

La clave en este entramado: la efedrina, un precursor químico esencial en la producción de metanfetaminas.

El juicio relacionado con la mafia de los medicamentos, que involucra al exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli por tráfico de efedrina y a Néstor Lorenzo, dueño de Droguería San Javier, procesado por la venta de medicamentos adulterados, está previsto para diciembre de 2024. Este juicio ha sido postergado en varias ocasiones debido a la complejidad del caso y la dispersión de las pruebas, pero finalmente se ha programado su inicio

El fraude en el sistema de salud

Las primeras investigaciones (2008) revelaron que varios laboratorios y droguerías, como Droguería San Javier y Multipharma, participaron en la distribución de medicamentos falsificados o adulterados. Este esquema no solo perjudicaba a los pacientes de obras sociales y hospitales, sino que también permitía a estas empresas obtener grandes sumas de dinero mediante facturas falsas y la venta de productos vencidos​. (InvestiganTalloneThreat/
La Capital MDP)

Graciela Ocaña, entonces ministra de Salud, denunció estas irregularidades, mencionando que muchos de los medicamentos utilizados para tratamientos oncológicos y VIH no eran legítimos. Esta situación afectó gravemente a miles de personas que dependían de la obra social para acceder a sus tratamientos​ (La Capital MDP).

La conexión con el tráfico de efedrina

El triple crimen de General Rodríguez ocurrió en agosto de 2008. Las víctimas fueron tres empresarios farmacéuticos: Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, quienes estaban involucrados en la venta y distribución de efedrina, un precursor químico clave en la producción de metanfetaminas. Sus asesinatos están vinculados al tráfico de esta sustancia, que fue desviada del ámbito farmacéutico hacia el narcotráfico, principalmente hacia carteles mexicanos​.

El triple crimen de General Rodríguez en 2008 marcó un punto de inflexión en la investigación. Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, empresarios farmacéuticos asesinados, habían estado involucrados en el tráfico de efedrina, sustancia que utilizaban para desviar hacia organizaciones narcotraficantes, principalmente carteles mexicanos​. 

Durante la década de 2000, Argentina se convirtió en un punto estratégico para la importación y distribución de efedrina. Laboratorios y droguerías, que aparentemente la usaban para la producción de medicamentos legales, comenzaron a desviar grandes cantidades de este precursor químico hacia el narcotráfico. Se estima que gran parte de la efedrina que entraba al país terminaba en manos de organizaciones criminales que la utilizaban para producir metanfetaminas​( iProfesional)​.

Vínculos políticos y judiciales

El exsuperintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, fue uno de los principales implicados en la trama, acusado de facilitar los desvíos de fondos y de estar vinculado al tráfico de efedrina. Junto a él, el empresario Néstor Lorenzo, dueño de Droguería San Javier, fue procesado por la venta de medicamentos adulterados y su participación en el esquema de efedrina​. 

A lo largo de los años, la causa ha enfrentado diversos obstáculos judiciales, incluyendo la complejidad de las pruebas recolectadas y las dilaciones en el proceso. Sin embargo, en 2024, se espera que el juicio oral finalmente comience, con un total de más de cincuenta acusados​.

De bancario a farmaceútico: ¿quién es Ibar Esteban Pérez Corradi, el mayor implicado en el tráfico de efedrina?

Estuvo prófugo más de cuatro años por ser el principal actor intelectual de un triple asesinato ocurrido en 2008 a empresarios farmacéuticos vinculado con el tráfico de efedrina.  Lo llamaban el "hombre de las cuatro identidades" y para burlar a la justicia, se había borrado las huellas dactilares. 

También usaba documentos de identidad de personas fallecidas y cambiaba constantemente de apariencia. El sujeto finalmente fue detenido en Brasil y trasladado a Paraguay, donde también era requerido por la justicia por utilización de documentos de identidad falsos.

Finalmente, fue detenido en un apartamento de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, fronteriza con Paraguay y Argentina. La justicia argentina había solicitado la extradición del empresario de (38 años en ese entonces) por el triple crimen, en el que fueron asesinados tres empresarios farmacéuticos. Tras negarse a declarar ante la justicia en Asunción, Paraguay, el individuo reconoció su verdadera identidad y advirtió: "Voy a presentar pruebas porque quiero demostrar mi inocencia".

Usaba los alias "Chiquito", "Peludo" y "Pelado", trabajó en el Banco Nación durante seis años antes de convertirse en empresario farmacéutico. En 2011 fue enviado a prisión preventiva acusado de ser uno de los principales proveedores de efedrina, un compuesto que se utiliza para la producción de drogas sintéticas. Pero ese mismo año fue excarcelado.

En 2012 un fiscal pidió su captura, acusado de ser autor intelectual del triple asesinato de empresarios farmacéuticos vinculados al comercio ilegal de la efedrina. Pero Pérez Corradi se había fugado. Desde entonces pesaba sobre él una orden de captura internacional y se convirtió en el hombre más buscado por Argentina.

También figuraba entre las personas más buscadas por Interpol, acusado de privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y lavado de dinero. Los medios locales informaban que Pérez Corradi había estado moviéndose con sus identidades falsas por la "triple frontera" de Paraguay, Brasil y Argentina. Se dice que durante los años en los que se desconoció su paradero, el prófugo siguió vinculado al tráfico de efedrina. Afirmaban que Pérez Corradi contaba "con un único cliente: la peligrosa organización delictiva brasileña Primer Comando Capital (PCC)".

Al parecer usaba varias identidades para cruzar las tres fronteras: la de un argentino fallecido, José Luis Fernández, y la de un paraguayo, Walter Miguel Ortegas Molinas, las dos con sus respectivos documentos de identidad. También usaba el nombre de Ibar Pérez Corradi (sin su segundo nombre) o Ibar Pérez. Luego trasciende que habían encontrado su paradero cercano a Ciudad del Este, Paraguay. Fue entonces que el sujeto tomó la decisión de someterse a una dolorosa cirugía para borrarse las huellas dactilares.

Según funcionarios argentinos, el prófugo pagó US$50.000 por esa operación. Desde ahí tanto las fuerzas de seguridad argentinas como paraguayas lo siguieron cada vez más cerca. Algunos informes indicaban que Pérez Corradi había contado con la protección de policías locales para evitar su detención.

Al mismo tiempo, otros tres sujetos fueron condenados en Argentina a cadena perpetua por el asesinato de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza (de 34 años), Leopoldo Bina (35) y Damián Ferrón (37). El caso fue conocido en Argentina como el triple crimen de General Rodríguez, por la localidad donde fueron encontrados en agosto de 2008.

Igual que Pérez Corradi, los tres traficaban efedrina, un compuesto cuya venta había sido restringida en el país meses antes. Los tres sujetos fueron encontrados días después de que se reportó su desaparición. Tenían disparos, quemaduras y evidencia de torturas.

Posteriormente fueron detenidos Cristian Lanatta (38 años), Martín Lanatta (39) y Marcelo Shillaci (32), y condenados a cadena perpetua por el triple asesinato. También fue condenado Ibar Esteban Pérez Corradi. Se dijo que el móvil de los homicidios fueron diferencias sobre la participación de las víctimas en el negocio del tráfico de efedrina.

“No abrigo dudas que parte de esa complejidad (del crimen) radica precisamente en que la maniobra involucra personas con una esfera de poder mucho más amplio que el de Pérez Corradi, pero además describe una estructura que claramente excede la que podría montar él solo”, sostuvo la jueza en el fallo. Así se desprende de la extensa resolución que firmó la jueza María Servini, en donde dispuso por segunda vez la falta de mérito para Pérez Corradi en la acusación por su vinculación con el secuestro y homicidio de las víctimas.

Por la masacre ya fueron condenados a prisión perpetua a Martín y Cristian Lanatta y Marcelo y Víctor Schillacci. Tres de ellos fueron protagonistas de una inédita fuga en los primeros tiempos del gobierno macrista hasta ser recapturados.

“Entiendo que la prueba colectada en la instrucción no alcanza para poner en cabeza del imputado (Pérez Corradi) la autoría intelectual del tripe homicidio que se pesquisa-, como así tampoco la misma permite desvincularlo de los hechos”, sostuvo el fallo. Pero la jueza tampoco encontró elementos para desvincularlo de la causa. Es que Pérez Corradi “ha formado parte de una organización narco criminal, que podría vincularse con los homicidios aquí pesquisados”.

Por eso, Servini ordenó profundizar la investigación. Y entre otros puntos dispuso analizar los otros negocios que tenía Martín Lanatta con el mundo de la efedrina, por afuera de Pérez Corradi; los vínculos con un agente de inteligencia mencionado como “Máximo” y el rol de Julio Posse, un oscuro personaje que aparece en la causa desde el inicio y al que se sindicó como un miembro de la entonces SIDE.

A Pérez Corradi se lo acusó de haber planeado “la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, hechos llevados a cabo mediante una coordinada y preestablecida división de tareas, ejecutadas con alevosía y ensañamiento por parte de Martín y Cristian Lanatta, junto con Víctor y Marcelo Schillaci”.

En una emboscada, las víctimas fueron citadas a una reunión, luego llevadas a una casa en Quilmes donde fueron ferozmente torturadas y asesinadas. A Bina le arrancaron una oreja. Forza, obligado a tomar cocaína, fue el último: antes lo obligaron a presenciar la muerte de sus amigos. Todos fueron rematados a tiros. Primero Ferrón. Después Bina. Por último, Forza, con ocho tiros, el doble de los que habían recibido cada una de sus compañeros.

Con los crímenes cometidos, los asesinos conservaron en frío los cadáveres hasta el 13 de agosto. Los cuerpos fueron encontrados ese día por la tarde en una zanja, tirados en un descampado de la localidad de General Rodríguez.

Según la hipótesis de la causa, Forza, Ferrón y Bina se habían convertido en una “molesta competencia que no hacían más que complicar las cosas” de Pérez Corradi. Pero en la investigación que llevó adelante el juzgado se pudo acreditar algo que hasta ahora era solo una versión: Bina “se encontraba trabajando en una organización criminal que hace años enviaba efedrina al exterior” y “todo indicaría que se trata de la misma organización que componía” Pérez Corradi.

Y ahí cobra relevancia el rol de Luis Tarzia, el único argentino detenido cuando allanaron un laboratorio clandestino de drogas en Ingeniero Maschwitz, pocas semanas antes del triple crimen. Con Tarzia comenzó la investigación de la llamada “ruta de la efedrina” y el entonces juez Federico Faggionatto Márquez lo consideraba el nexo local de una banda de narcos mexicanos. Tarzia –fallecido en prisión en 2009- fue el contacto entre el líder de esa organización el mexicano Jesús Martínez Espinoza y Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General.

Presentó ante terceras personas -entre ellas a quien por entonces era abogado de aquéllos, Francisco Chiarelli- lo que iba a ser la supuesta estructura de esa “naciente sociedad”: el propio Forza con la logística y los contactos, Ferrón sería el encargado de conseguir la sustancia, y Bina aportaría el contacto con la aduana para asegurar la salida del país”.

 La jueza valoró el informe de la DEA que indica que Martínez Espinoza y Rodrigo Pozas Iturbe pertenecían inicialmente a la misma organización, aunque finalmente representaban carteles rivales. Rodrigo Pozas fue el mexicano que quiso imponer el método Breaking Bad en Argentina. Muchos testigos hablaron de Bina en la causa diciendo “el muchacho que había estado parado en el ‘lugar equivocado, en el momento más inoportuno’. La hipótesis es que Bina ya había trabajado para Iturbe e incluso éste le pagó “más de 5,500 dólares por mes por los esfuerzos de Bina en el suministro de efedrina a Iturbe”.

 “En esta dirección, se impone incluso recalcar que del salvajismo con el que ejecutaron a las víctimas, vejadas y maltratadas previo a darles muerte, el caso de Leopoldo Bina fue el peor. Es claro el ensañamiento para con él. De las tres víctimas es el que presenta signos de tortura, posee una fractura en el cráneo de 8x8 cm y le fue seccionado el pabellón auricular derecho, ambas heridas, mientras aún estaba con vida. No es un dato menor”, sostuvo la jueza.

Impacto en la sociedad

El caso de la mafia de los medicamentos no solo expuso la corrupción dentro del sistema de salud, sino también cómo sectores clave de la economía se entrelazan con el crimen organizado. La falta de controles efectivos permitió que empresarios inescrupulosos, junto a funcionarios corruptos, operaran impunemente durante años, poniendo en riesgo la salud de millones de personas y colaborando con el narcotráfico.

Este caso sigue siendo una herida abierta en Argentina, revelando la vulnerabilidad del sistema de salud y la necesidad urgente de reformarlo para evitar que estos crímenes vuelvan a repetirse.

Fuentes consultadas:

Encripdata: "Néstor Lorenzo y la mafia de los medicamentos". ​(InvestiganTalloneThreat). Diario La Capital: "Juicio por la mafia de los medicamentos en 2024"​(La Capital MDP). Negocios.com (Negocios y política)