¿Intendentes víctimas del Law fare?

Política 10 de agosto de 2022 Por Juan Rodriguez
En los últimos años el término se ha comenzado a usar en América Latina para describir un tipo de acción que combina la manipulación de las investigaciones y juicios penales, —principalmente en supuestas causas de corrupción—, la detención de los acusados y los medios de comunicación y redes sociales con mensajes orientados a desprestigiar opositores.
Captura de pantalla 2022-08-10 173556

En este sentido, una característica fundamental de la guerra judicial sería el uso de acusaciones sin materialidad, incluyendo, entre sus tácticas, las siguientes:

- Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, con fines políticos;
- Enjuiciamiento sin mérito;
- Abuso del derecho para dañar la reputación de un oponente;
- Promoción de demandas para desacreditar al oponente;
- Intentar influir en la opinión pública mediante el uso de la ley para obtener publicidad negativa;
- Judicialización de la política: la ley como instrumento para conectar medios y fines políticos;
 - Promoción de la decepción popular;
- Críticas a quienes utilizan el derecho internacional y los procedimientos judiciales para presentar reclamos contra el estado;
- Uso de la ley como una forma de avergonzar al oponente;
-Bloquear y tomar represalias contra los intentos de los oponentes de utilizar los procedimientos y estándares legales disponibles para defender sus derechos;


El concepto ha sido utilizado por una considerable cantidad de gobernantes y exgobernantes latinoamericanos que, en la segunda década del siglo XXI, fueron afectados por procedimientos judiciales, con gran impacto en los medios, que en algunos casos los desplazaron del poder o les impidieron presentarse como candidatos.

¿Conocés casos nacionales o locales de law fare?

Te puede interesar