El ajuste no da tregua: cae el consumo, se paraliza la industria y el bolsillo sigue perdiendo

Mientras fábricas y obras reducen su actividad, los indicadores exponen el costo social de una política económica que todavía no consigue traducir la supuesta estabilidad macroeconómica anunciada por el gobierno en bienestar para la población.

La inflación repunta y el costo de vida vuelve a presionar

La economía argentina continúa mostrando una contradicción que golpea directamente a millones de hogares: mientras el Gobierno sostiene su estrategia de ajuste y presenta la desaceleración inflacionaria como uno de sus principales logros, el costo de vida sigue aumentando y la recuperación económica no alcanza de manera uniforme a la población.

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre. El incremento acumulado entre enero y octubre llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

El dato representa una nueva aceleración mensual y evidencia que la inflación, aunque se encuentre por debajo de los niveles registrados durante etapas anteriores, continúa erosionando los ingresos y condicionando las posibilidades de consumo.

Los mayores aumentos se concentraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,2%, y Recreación y cultura, con un 3,3%. También incidieron los incrementos en Bienes y servicios varios, que avanzaron un 2,3%.

En el caso de los servicios públicos, el encarecimiento del gas y la reducción de subsidios agregan presión sobre los presupuestos familiares. Para muchos hogares, el problema no pasa solamente por cuánto aumentan los precios, sino por la creciente proporción de los ingresos que deben destinarse a gastos indispensables.

Casi $1,7 millones para no ser pobre

La distancia entre los ingresos y las necesidades básicas constituye otro de los indicadores más contundentes de la situación económica.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó aproximadamente $1.690.000 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 3,5%, por encima de la variación mensual del IPC.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, llegó a $761.261, con una suba del 3,1%.

Estos valores reflejan una realidad difícil de disimular detrás de los indicadores macroeconómicos: los hogares necesitan cada vez más dinero para cubrir alimentación, vivienda, transporte, servicios y otros gastos esenciales.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera que una parte importante de los trabajadores, jubilados y sectores informales no cuenta con ingresos capaces de acompañar el ritmo de las necesidades básicas.

La reducción de la inflación, por sí sola, no garantiza una mejora en las condiciones de vida. Si los salarios y las jubilaciones permanecen rezagados, el resultado es una pérdida de capacidad adquisitiva que limita el consumo y profundiza las dificultades cotidianas.

El consumo masivo continúa en caída

Las consecuencias del deterioro de los ingresos también se observan en las góndolas.

Según el relevamiento de Radar Scanntech, el consumo masivo registró en octubre una caída interanual del 6,8%. El retroceso alcanzó especialmente a Bebidas, con una disminución del 14,1%, mientras que Limpieza cayó un 7,1% y Cuidado personal, un 2,2%.

Alimentos fue el único de los rubros mencionados que mostró una variación positiva, con un incremento del 1,8%.

Sin embargo, ese comportamiento no necesariamente representa una recuperación general del consumo. En un contexto de restricciones presupuestarias, los alimentos pueden conservar mayor prioridad dentro de las compras familiares, mientras otros productos son postergados o directamente eliminados de los gastos habituales.

La caída del consumo masivo expone, además, una de las consecuencias más delicadas del ajuste: cuando los hogares reducen sus compras, el impacto no se limita a las familias, sino que también alcanza a comercios, distribuidores, fabricantes y trabajadores.

La economía necesita consumidores con capacidad de compra. Cuando esa capacidad se deteriora, la actividad comercial y productiva también pierde impulso.

La industria textil, al borde de una crisis de actividad

Uno de los sectores que exhibe con mayor claridad las dificultades de la economía es la industria textil.

Entre enero y agosto, la actividad registró una caída interanual del 20,8% y un retroceso del 33,9% respecto de 2023. La capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,6%, mientras que desde el sector se advirtió que seis de cada diez máquinas permanecían paradas.

La situación fue expuesta durante la feria ProTextil 2026, donde representantes de la actividad plantearon su preocupación por la caída de la demanda, la competencia de productos importados y las dificultades para sostener la producción nacional.

El presidente de ProTejer, Luciano Galfione, sintetizó la advertencia con una frase que resume la preocupación industrial: “Lo que hoy le pasa al textil, mañana le pasará a toda la industria”.

La declaración apunta a un problema que excede a un sector específico. Una industria que pierde mercado, reduce turnos o paraliza maquinaria también disminuye su demanda de insumos, servicios y empleo.

El deterioro de la actividad textil plantea interrogantes sobre el rumbo de la política económica, especialmente en relación con la apertura comercial, la competitividad de las empresas nacionales y la capacidad del mercado interno para sostener la producción.

La discusión no se limita a los precios de los productos. También involucra el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y las economías regionales que dependen de la actividad industrial.

La construcción tampoco consigue despegar

El panorama de la construcción presenta señales igualmente preocupantes.

Durante octubre, las ventas de materiales registraron una caída interanual del 9%, según los indicadores sectoriales. El retroceso se produjo después de cinco meses consecutivos de bajas y llevó el acumulado de enero a octubre a una disminución del 2,3%.

El sector enfrenta una combinación de factores adversos: pérdida de poder adquisitivo, tasas de interés elevadas, dificultades de financiamiento y costos que condicionan las decisiones de inversión.

A estas dificultades se suma el elevado valor de construir una vivienda. Los costos superan los 1.600 dólares por metro cuadrado, sin contemplar el terreno ni otros gastos adicionales.

La situación deja en evidencia las dificultades de acceso a la vivienda y las limitaciones que enfrentan tanto las familias que buscan construir como quienes dependen de la actividad para sostener sus ingresos.

La construcción tiene, además, un efecto multiplicador sobre numerosas actividades: albañilería, transporte, corralones, fabricantes de materiales, servicios profesionales y comercios vinculados.

Cuando la actividad se frena, el impacto se extiende mucho más allá de las empresas constructoras.