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Pedro Miguel Massola
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, a través de la Argentina, generó una fuerte controversia política y abrió investigaciones judiciales en ambos países.
El senador brasileño, candidato del Partido Liberal y derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, ingresó a la Argentina junto a su esposa y sus dos hijas durante la noche del martes 27. Según informó oficialmente la Dirección Nacional de Migraciones, el grupo cruzó por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
Poco después, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú. La aeronave, un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, partió a las 0.21 del miércoles con destino a Guayaquil, Ecuador, y posteriormente continuó hacia Estados Unidos.
La controversia aumentó cuando funcionarios del Gobierno argentino admitieron que la Casa Rosada había colaborado con la salida del dirigente brasileño.
Una fuente oficial citada por Noticias Argentinas afirmó: “Milei estaba al tanto, pero el resto no. Trabajó en coordinación con Trump”.
En paralelo, un portavoz de la Casa Rosada confirmó a LA NACION que existió colaboración y comunicaciones con la administración estadounidense: “Sí, hubo colaboración con Trump”.
El papel del asesor presidencial Santiago Caputo también quedó bajo la lupa. Distintas fuentes periodísticas señalaron que estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo y que habría mantenido contactos relacionados con la salida del dirigente brasileño. Esa participación, al igual que la responsabilidad directa de otros funcionarios, deberá ser determinada por las investigaciones en curso.
Ya instalado en Estados Unidos, Flávio Bolsonaro difundió una carta en la que inicialmente se presentó como el “verdadero presidente electo” de Brasil.
Sin embargo, aproximadamente media hora después modificó el documento y reemplazó esa definición por “líder de Brasil”.
El dirigente también acusó de fraude a las elecciones, aunque no presentó pruebas capaces de cuestionar el resultado oficial.
Su propio coordinador de campaña, el senador Rogério Marinho, tomó distancia de esa acusación. “Ni yo ni el PL podemos afirmar que hubo fraude”, reconoció, porque no existen pruebas que permitan sostener esa afirmación.
El resultado oficial del Tribunal Superior Electoral fue contundente.
Lula obtuvo 64.256.232 votos, equivalentes al 51,79%, mientras que Flávio Bolsonaro consiguió 59.826.041 votos, el 48,21%.
La diferencia fue de 4.430.191 votos.
Uno de los principales argumentos utilizados por Bolsonaro para cuestionar el resultado fue la extensión del horario de votación en algunas mesas.
El Tribunal Superior Electoral informó que solamente 34.393 votos fueron registrados después de las 17, una cifra mínima frente a la diferencia final entre ambos candidatos. Reuters, además, verificó como falsa la interpretación de que esa extensión hubiera permitido un fraude electoral.
La ampliación fue dispuesta ante dificultades de transporte y condiciones climáticas y alcanzó a las mesas que todavía permanecían abiertas. Además, las campañas de Lula y del propio Flávio habían solicitado medidas para garantizar el voto de los electores afectados.
La polémica ya llegó a la Justicia argentina.
Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Javier Milei por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 5.
El diputado Esteban Paulón también realizó una presentación contra funcionarios del Gobierno, mientras que Marcela Pagano denunció el ingreso y posterior salida de Flávio Bolsonaro por Misiones.
En este último expediente, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, solicitó información a organismos oficiales para establecer cómo ingresó Bolsonaro a la Argentina y si existía algún impedimento legal que pudiera haber afectado su ingreso o tránsito.
Entre las medidas reclamadas aparecen las imágenes de las cámaras de seguridad, los planes de vuelo, los registros de pasajeros y documentación relacionada con la contratación del avión.
Por ahora, las denuncias no significan que Milei o sus funcionarios hayan sido declarados responsables de un delito. La Justicia deberá determinar si existió una conducta ilegal y, eventualmente, quiénes participaron.
En medio de la controversia, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció el triunfo de Lula y volvió a marcar una diferencia pública con el Presidente.
“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”, sostuvo.
Al mismo tiempo, cuestionó lo que considera una utilización de la Justicia brasileña contra la oposición y defendió el derecho de Bolsonaro a hacer política.
El caso coloca nuevamente a la Argentina en el centro de la crisis política brasileña y puede profundizar las tensiones diplomáticas con el gobierno de Lula.
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y uno de los actores centrales del Mercosur. Por eso, más allá de las posiciones ideológicas de cada gobierno, la eventual utilización de organismos argentinos para facilitar la salida de un dirigente político perseguido judicialmente en su país constituye un asunto de alto impacto institucional.
La investigación judicial deberá establecer ahora la pregunta central: ¿la Argentina simplemente permitió el tránsito de Flávio Bolsonaro con documentación válida o funcionarios del Gobierno participaron activamente en una operación destinada a facilitar su salida de Brasil?
Esa respuesta todavía no está judicialmente determinada.
