
HCD Pehuajó: el pedido de informes por la camioneta municipal pasó a comisión
Pedro Miguel Massola
El Concejo Deliberante de Pehuajó debatió este jueves 22 de octubre el expediente HCD 9960/26, presentado por el bloque de La Libertad Avanza, mediante el cual se solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal información sobre un episodio ocurrido el sábado 17 de octubre y que habría involucrado a una camioneta Ford Ranger blanca perteneciente a la flota municipal y a un móvil policial.
Durante la presentación, el concejal Fabio Zaratiegui expuso los fundamentos del proyecto y pidió esclarecer las circunstancias del hecho. Según las versiones mencionadas durante la sesión, la camioneta, identificada con el dominio KXR742, habría protagonizado una persecución policial que finalizó en la intersección de la avenida Namuncurá y la calle Venezuela.
El edil señaló que, de acuerdo con esos trascendidos, el vehículo habría transportado cerdos faenados y animales vivos. Por ese motivo, el proyecto solicitaba información sobre la procedencia de la carga, la documentación correspondiente, las condiciones sanitarias del traslado y la eventual existencia de actuaciones administrativas, policiales o judiciales.
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La iniciativa también requería conocer a qué dependencia municipal estaba asignada la camioneta, quién tenía a su cargo la conducción, quién había autorizado su utilización y cuál era el motivo del desplazamiento. Además, solicitaba información sobre posibles daños materiales en los vehículos involucrados y las medidas adoptadas para esclarecer lo ocurrido.
Diferencias por la redacción del proyecto
Durante el tratamiento, concejales del oficialismo propusieron modificar la redacción para que las circunstancias mencionadas fueran expresadas en términos potenciales, sin dar por acreditados hechos que todavía requerían confirmación oficial.
La concejala Daniela Viera sostuvo que el objetivo era evitar afirmaciones concluyentes sobre situaciones que, según manifestó, aún no contaban con información oficial suficiente. También planteó la necesidad de preservar la presunción de responsabilidades hasta que se conocieran los resultados de las actuaciones correspondientes.
Zaratiegui rechazó modificar el texto en esos términos y argumentó que el proyecto precisamente buscaba obtener información para determinar qué había ocurrido.
Cruces políticos durante la sesión
El debate se intensificó cuando el concejal Nicolás Vescovo hizo referencia a versiones sobre una presunta utilización de empleados municipales en un campo privado y mencionó posibles consecuencias para un funcionario del área de Servicios.
Esas afirmaciones fueron planteadas por el edil como comentarios que circulaban y que, según reconoció, no podía confirmar con información certera. Por lo tanto, no constituyen hechos acreditados por la transcripción de la sesión.
En respuesta, Viera manifestó que el funcionario mencionado había sido apartado de su cargo, al igual que dos empleados municipales. También cuestionó la difusión de comentarios sin pruebas y sostuvo que era necesario contar con información oficial para avanzar en el esclarecimiento.
Desde la oposición, otros concejales reclamaron explicaciones públicas y cuestionaron la falta de acompañamiento del oficialismo a la iniciativa en su redacción original.
El pedido no fue aprobado y pasó a comisión
Tras el intercambio, se sometieron a votación dos mociones: la aprobación del proyecto y su pase a comisión para continuar trabajando en una redacción consensuada.
La aprobación obtuvo siete votos, mientras que el pase a comisión reunió nueve. De esta manera, el proyecto no quedó aprobado en la sesión y continuará su tratamiento en comisión, con el objetivo de alcanzar una formulación que permita solicitar información al Departamento Ejecutivo.
Antes de cerrar el tema, la presidencia del cuerpo pidió responsabilidad institucional a los concejales y advirtió sobre la necesidad de verificar las fuentes antes de difundir afirmaciones que puedan afectar el buen nombre de funcionarios o trabajadores.
El episodio quedó así en el centro del debate político local. La cuestión pendiente es conocer la información oficial sobre lo ocurrido el 17 de octubre y determinar, a partir de documentación y actuaciones verificables, si existieron irregularidades en la utilización del vehículo municipal o en las circunstancias del traslado.


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