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Pedro Miguel Massola
Pablo Lanik publicó en sus redes sociales una reflexión crítica sobre las prioridades de la gestión municipal de Pehuajó. El exconcejal y actual titular del Centro de Atención Personalizada de PAMI Pehuajó cuestionó que determinadas obras y servicios hayan ocupado un lugar en la agenda municipal mientras, según su planteo, continúan pendientes problemas como el agua potable, el tránsito y las cloacas. Su designación al frente de la dependencia local de PAMI consta en una resolución oficial del organismo.
Lanik plantea una pregunta que, en principio, merece ser tomada en serio:
“A veces la pregunta no es si algo está bien hecho, más bien si era lo que realmente había que hacer.”
A partir de allí utiliza ejemplos concretos. Sobre las plazas remodeladas sostiene: “¿No es bueno tener las plazas remodeladas a nuevo para que la gente pueda disfrutarlas? Por supuesto que es buenísimo, pero antes ¿no tendríamos que haber solucionado el problema del agua potable que todavía no tenemos?”
También plantea una comparación entre la calesita municipal y el tránsito, y entre el cine municipal y las cloacas.
Finalmente resume su posición con otra frase:
“La eficiencia sin eficacia es solamente velocidad, pero en la dirección equivocada.”
La distinción conceptual que utiliza tiene un antecedente real en Peter Drucker. En su artículo Managing for Business Effectiveness, publicado en Harvard Business Review en 1963, Drucker diferenciaba entre hacer correctamente las cosas y elegir correctamente qué cosas hacer; en ese contexto escribió que no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia aquello que no debería hacerse.
Hasta aquí, el argumento es atendible.
El problema comienza cuando pasamos de la pregunta “¿qué debería ser prioritario?” a otra bastante más incómoda:
Porque cuando un dirigente afirma que una obra debió postergarse para hacer otra, no está solamente describiendo una necesidad.
Está construyendo una jerarquía de necesidades sociales.
Y esa jerarquía necesita fundamentos.
¿Debe estar primero el agua? Probablemente sea una cuestión central para cualquier comunidad.
¿Eso significa necesariamente que ninguna plaza puede remodelarse hasta resolver el abastecimiento de agua?
No necesariamente.
¿Debe atenderse la seguridad vial? Indudablemente.
¿Eso significa que una inversión cultural debe suspenderse hasta eliminar todos los problemas de tránsito?
Tampoco necesariamente.
Las sociedades tienen necesidades simultáneas. La gestión pública consiste, precisamente, en administrar esa multiplicidad dentro de recursos, competencias, presupuestos y tiempos concretos.
Hay una dimensión de la discusión que suele desaparecer cuando las obras se presentan como si todas compitieran por una misma caja.
No todos los recursos públicos pueden utilizarse indistintamente.
Los fondos provenientes de determinados programas, convenios o transferencias pueden tener un destino específico. Una administración no puede recibir dinero para una finalidad y decidir unilateralmente utilizarlo para otra porque considera que existe una necesidad diferente.
Por eso, ante cada crítica sobre una obra, existe una pregunta fundamental:
¿Con qué recursos se realizó y qué destino tenían esos recursos?
Y hay otras:
¿Había dinero disponible para la obra que se reclama?
¿Podían utilizarse esos fondos para esa finalidad?
¿Qué obra debería haberse dejado de hacer?
¿Existía un proyecto técnicamente preparado?
¿Quién debía financiarlo?
La respuesta a esas preguntas puede cambiar completamente la interpretación de una decisión de gobierno.
Decir “primero había que hacer X” es una valoración política.
Demostrar que X podía hacerse antes, con los recursos efectivamente disponibles y dentro de las competencias correspondientes, es otra cosa.
El propio recorrido político de Lanik aporta un elemento interesante para esta discusión.
En 2016 y 2017, cuando integraba el Frente Renovador, Lanik participó junto a Federico Bergués en acciones judiciales vinculadas al deficiente servicio de agua y cloacas prestado por ABSA. Una de esas acciones obtuvo una resolución judicial favorable a los usuarios, que obligó a la empresa a presentar un plan de obras y disponer soluciones alternativas ante problemas de prestación.
Es decir, el problema del agua no es nuevo ni pertenece exclusivamente a la actual discusión política.
Y precisamente por eso merece una mirada institucional.
ABSA es una empresa provincial. Las obras de infraestructura sanitaria pueden involucrar distintos niveles del Estado, organismos reguladores, empresas prestatarias y fuentes de financiamiento específicas.
Por eso, cuando se afirma que determinada obra sanitaria debería haber sido la prioridad municipal, la pregunta inevitable es:
¿Qué parte de esa solución corresponde efectivamente al municipio y qué parte corresponde a la Provincia, al prestador u otros organismos?
No es una cuestión menor.
Porque un intendente puede gestionar, reclamar, proyectar, convenir, aportar recursos y ejecutar determinadas obras dentro de sus competencias. Pero no puede convertirse automáticamente en responsable exclusivo de toda la infraestructura sanitaria de una ciudad.
El planteo de Lanik sobre seguridad vial merece una consideración similar.
Es correcto exigir a los gobiernos políticas destinadas a reducir los siniestros: infraestructura segura, señalización, controles, educación vial, ordenamiento del tránsito y prevención.
Pero la evidencia disponible obliga a evitar explicaciones demasiado simples.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial describe la siniestralidad como un fenómeno multicausal. Intervienen factores humanos, vehiculares, ambientales y de infraestructura. El propio enfoque de Sistema Seguro parte de una premisa fundamental: las personas pueden cometer errores y el sistema vial debe estar diseñado para reducir tanto la posibilidad de esos errores como sus consecuencias.
Por eso sería incorrecto afirmar que los accidentes son simplemente responsabilidad de quienes conducen.
Pero también sería incorrecto atribuirlos exclusivamente al Estado.
La seguridad vial requiere una responsabilidad compartida.
Y aquí aparece otra afirmación que debería demostrarse antes de convertirla en política pública:
¿Más infracciones significan necesariamente menos accidentes?
No alcanza con suponerlo.
Si se propone incrementar las multas, los controles o las sanciones, corresponde medir si esas políticas efectivamente producen una reducción de los siniestros, de las lesiones y de las muertes.
El Observatorio Vial Nacional dispone actualmente de estadísticas y metodologías específicas para analizar áreas de concentración de siniestros y generar recomendaciones de gestión basadas en evidencia.
En otras palabras: la discusión debería ser estadística, no intuitiva.
Hay otro aspecto interesante.
¿Por qué una plaza debería considerarse una obra secundaria frente a una obra sanitaria?
La respuesta no es obvia.
Una plaza puede ser espacio público, lugar de recreación, infraestructura urbana, ámbito de encuentro, espacio para actividades culturales y deportivas, y también una herramienta de recuperación del entorno urbano.
Eso no significa que una plaza tenga necesariamente mayor prioridad que el agua potable.
Significa algo más sencillo:
no existe una única dimensión de la vida de una ciudad.
La cultura también es política pública.
El espacio público también es política pública.
La recreación también puede ser política pública.
La infraestructura sanitaria también.
La seguridad vial también.
La dificultad consiste precisamente en decidir cómo se combinan esas políticas.
Hay otro elemento que resulta pertinente para comprender desde dónde habla Lanik.
Su trayectoria política atravesó diferentes etapas de la oposición local. En 2017 aparece documentado como dirigente del Frente Renovador de Pehuajó.
En 2023 fue precandidato a intendente por Juntos dentro de la línea que llevaba a Horacio Rodríguez Larreta como candidato presidencial; en ese momento Miguel Pichetto era señalado como su referente político nacional.
En noviembre de 2025 participó de una reunión ampliada convocada por La Libertad Avanza de Pehuajó. Allí fue el propio Lanik quien sostuvo que la oposición debía “resetear” el sistema político local y reconoció que los sectores opositores no habían logrado construir una alternativa de gobierno que sedujera a los pehuajenses.
Y desde febrero de 2026 ocupa la titularidad del Centro de Atención Personalizada de PAMI Pehuajó, según la resolución oficial del organismo.
Nada de esto invalida sus opiniones.
Tampoco permite determinar sus motivaciones.
Pero sí plantea una pregunta política legítima:
¿Cuál es hoy el proyecto de Estado que Lanik propone para Pehuajó?
Porque si la crítica consiste en afirmar que la actual administración elige mal sus prioridades, el paso siguiente debería ser explicar cuáles serían las prioridades de una eventual gestión alternativa.
Aquí probablemente esté el núcleo de la discusión.
Es relativamente sencillo señalar una necesidad.
Es más difícil establecer una prioridad.
Y todavía más difícil convertir esa prioridad en una política pública viable.
Si Lanik considera que el agua debe estar por encima de una plaza, sería interesante conocer:
¿Qué obra concreta propone?
¿Cuál sería su costo?
¿Quién debería financiarla?
¿Qué organismo debería ejecutarla?
¿Qué parte corresponde al municipio?
¿Qué recursos utilizaría?
¿Qué obra debería postergarse para hacerlo?
¿En cuánto tiempo espera resolverla?
Y, finalmente:
¿Qué indicador permitiría comprobar que su política fue exitosa?
Esas preguntas no constituyen una defensa automática del gobierno municipal.
Son, simplemente, las mismas preguntas que debería soportar cualquier persona que aspire a gobernar.
Drucker tenía razón en una cuestión fundamental: hacer algo de manera eficiente no garantiza que sea lo correcto.
Pero en el Estado hay que agregar algunas palabras a esa ecuación:
prioridad, competencia, recursos, factibilidad y resultados.
Gobernar no consiste solamente en decidir qué sería deseable.
Consiste en decidir qué puede hacerse, cuándo, con qué recursos, bajo qué autoridad y dejando de hacer qué otra cosa.
Por eso la frase de Lanik puede convertirse en una pregunta que también lo alcance a él:
Si gobernar es administrar las prioridades de una sociedad, ¿quién decide cuáles son esas prioridades?
Y una segunda pregunta es todavía más exigente:
Si una alternativa de gobierno considera equivocadas las prioridades actuales, ¿cuáles serían las suyas y cómo las llevaría adelante?
Ahí comienza verdaderamente el debate político.
Porque criticar una decisión de gobierno es legítimo y necesario en democracia.
Pero cuando alguien aspira a reemplazar a quienes gobiernan, la sociedad tiene derecho a pedir algo más que una lista de cosas que están mal.
Tiene derecho a conocer qué haría, con qué recursos, bajo qué competencias y con qué resultados.
Y esa, quizás, sea la diferencia entre opositar a un gobierno y prepararse para gobernar.
