Evidencias de peso: los abogados de Cristina aseguran que una nueva prueba pone en jaque la condena

Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, abogados de Cristina Fernández de Kirchner, brindaron una extensa conferencia de prensa en la que expusieron nuevos elementos vinculados con la causa Vialidad y, especialmente, con el destino de los fondos del fideicomiso vial.

La presentación tuvo un eje concreto: una nueva base de datos oficial de la Dirección Nacional de Vialidad que, según la defensa, permite reconstruir cómo se distribuyeron los fondos durante el período que fue considerado en la acusación contra la expresidenta.

Beraldi fue contundente al presentar el hallazgo. Explicó que se trata de un elemento que no habían podido conocer anteriormente y sostuvo que “pone en evidencia una vez más que la sentencia dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner es una sentencia absolutamente injusta y que se terminó condenando a una persona inocente”.

EL PUNTO CENTRAL: EL DECRETO 54

Para comprender la importancia que la defensa le atribuye a esta nueva información hay que retroceder al origen de la condena.

Según explicó Beraldi, la acusación original contra Cristina Fernández de Kirchner incluía la imputación de asociación ilícita y la utilización de la estructura del Estado para producir una supuesta administración fraudulenta.

Sin embargo, durante el juicio Cristina fue absuelta del delito de asociación ilícita y, de acuerdo con el planteo de sus abogados, buena parte de los elementos que componían aquella acusación fueron posteriormente desvirtuados.

La condena terminó concentrándose en los fondos del fideicomiso vial y en el Decreto 54 de 2009, firmado por Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa sostiene que allí se encuentra uno de los puntos fundamentales del caso.

Beraldi afirmó que habían solicitado una pericia contable destinada a demostrar cómo se habían distribuido esos fondos y, fundamentalmente, que habían sido destinados a distintos empresarios que tenían obra pública y no exclusivamente a empresas vinculadas con Lázaro Báez. Según su relato, esa medida de prueba finalmente no fue realizada.

Y aquí aparece uno de los cuestionamientos más fuertes de los abogados: la prueba que ahora consideran determinante habría permitido comprobar aquello que la defensa había intentado demostrar durante el juicio.

UNA PLANILLA DE VIALIDAD CAMBIA EL EJE DE LA DISCUSIÓN

El nuevo elemento apareció, según explicaron, durante una audiencia de la causa conocida como Cuadernos.

Un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad declaró como testigo a propuesta de la propia Fiscalía y explicó una enorme base de datos que contenía información sobre las obras y los pagos realizados.

La planilla tenía, según los abogados, casi 80 columnas y permitió acceder a información que hasta entonces no habían podido analizar de esta manera.

Beraldi explicó que al revisar esos datos encontraron precisamente aquello que necesitaban para contrastar la hipótesis sobre la que se había construido la condena.

Y el número que presentaron es el que atraviesa toda la conferencia:

más de 2.000 millones de dólares destinados durante el período 2009-2015, mientras que lo asignado al Grupo Austral habría representado menos del 1%.

La propia defensa lo resumió así:

“¿Qué encontramos en esa prueba determinante?”

Y la respuesta fue:

“Eran más de 2.000 millones de dólares, pero cuando miramos qué era lo que le había sido asignado a Lázaro Báez, era el 1%, menos del 1%.”

0,83%: EL DATO QUE LA DEFENSA CONSIDERA CLAVE

Rafael Valim profundizó el análisis y presentó gráficos elaborados a partir de los datos oficiales.

Según explicó, la participación del Grupo Austral en los pagos provenientes de la denominada Fuente 14, dentro del período comprendido por la acusación, fue de aproximadamente 0,85%. También señaló que, en las obras relacionadas con la causa Vialidad, los pagos al Grupo Austral se concentraron en los primeros años y que entre 2012 y 2015 no se registraron pagos en ese concepto.

En otro tramo de la exposición se habló de aproximadamente 18 millones de dólares para el Grupo Austral, frente a cifras globales muy superiores. La defensa comparó esos montos con otros desembolsos y utilizó esos datos para cuestionar la hipótesis de que el Decreto 54 hubiera sido dictado específicamente para beneficiar a ese grupo empresario.

El planteo de los abogados es directo: si el objetivo del decreto hubiera sido favorecer a un determinado grupo empresario, ¿cómo explicar que ese grupo haya recibido una proporción tan pequeña del total de los fondos?

Valim calificó la situación como una contradicción de la acusación y sostuvo que los datos oficiales demostrarían que la participación del Grupo Austral fue “ínfima” y que los principales destinatarios de los fondos fueron otras empresas.

EL DATO QUE MÁS IMPACTÓ EN LA CONFERENCIA

Uno de los momentos más fuertes estuvo protagonizado por Javier Borrego.

El abogado llegó a la conferencia con la sentencia del Tribunal Oral Federal y mostró físicamente sus dimensiones:

1.616 folios.

Borrego ironizó sobre el volumen del documento y cuestionó que, pese a su extensión, no apareciera —según su exposición— la información de la Fuente 14 que ahora consideran central.

Su frase fue particularmente contundente:

“Entonces leí todo esto y dije: ‘Pero si esto no se sostiene. Dios mío’.”

Y agregó:

“Pero no está la fuente 14 por la que acusan a Cristina. No está.”

Borrego también cuestionó la fundamentación de la sentencia y utilizó una extensa comparación con Don Quijote, sosteniendo que los jueces habrían construido una interpretación que, en su opinión, convirtió “molinos de viento” en gigantes.

Más allá de la particular forma elegida por el abogado para presentar sus argumentos, el núcleo de su planteo fue concreto: la sentencia atribuye al Decreto 54 un propósito de favorecer al Grupo Austral, mientras que los nuevos números presentados por la defensa mostrarían una participación muy pequeña de ese grupo dentro del universo total de los fondos.

¿CUÁNTO RECIBIÓ REALMENTE EL GRUPO AUSTRAL?

La defensa presentó otra comparación que buscó poner en perspectiva la magnitud de los fondos.

Durante la exposición se mencionaron aproximadamente 360 millones de dólares en uno de los segmentos analizados, frente a unos 18 millones correspondientes al Grupo Austral.

Pero el argumento no terminó allí.

Valim mostró además un ranking de empresas que recibieron fondos y señaló que el Grupo Austral no aparecía entre las primeras posiciones. Según explicó, los primeros lugares correspondían a compañías que, de acuerdo con la presentación de la defensa, no tenían vinculación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Incluso sostuvo que la empresa ubicada en el primer lugar del ranking estaba vinculada con un familiar del expresidente Mauricio Macri.

La conclusión que los abogados extraen de esos números es que la hipótesis de una utilización del Decreto 54 para beneficiar deliberadamente al Grupo Austral quedaría seriamente cuestionada por los propios datos oficiales de Vialidad.

UNA PRUEBA QUE, SEGÚN LA DEFENSA, NO EXISTÍA DURANTE EL JUICIO

Otro aspecto relevante es el origen de la información.

Los abogados remarcaron que no se trata, según su explicación, de una reconstrucción realizada exclusivamente por ellos, sino de información que apareció en una causa diferente, durante la declaración de un funcionario de Vialidad convocado por la Fiscalía.

Después, el equipo defensor solicitó esa información y la sometió a análisis.

Rafael Valim explicó que convocó a especialistas brasileños para realizar un estudio técnico sobre la planilla. Entre ellos mencionó al economista Antonio Correa de la Cerda, presentado durante la conferencia como ex presidente del Consejo Federal de Economía de Brasil y profesor universitario. Los abogados señalaron que los gráficos mostrados fueron elaborados a partir de ese análisis.

Según explicó la defensa, la nueva información incorporada al caso reúne datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad sobre el destino de los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2015, junto con un análisis económico elaborado a partir de esa documentación. Los abogados sostienen que esos datos permiten dimensionar cuánto dinero fue destinado a las distintas empresas y obras y cuestionan, sobre esa base, la afirmación contenida en la condena respecto de que el Decreto 54 de 2009 tuvo como finalidad beneficiar al empresario Lázaro Báez.

“AQUÍ SE DEMUESTRA NUMÉRICAMENTE QUE ESE PROPÓSITO NO EXISTIÓ”

Beraldi volvió a intervenir para remarcar el argumento central.

En otro momento de la conferencia afirmó que los datos permitirían demostrar que el propósito atribuido al Decreto 54 no existió.

Su planteo fue:

“Aquí se demuestra numéricamente con datos objetivos que ese propósito no existió.”

Y agregó otro elemento que, según la defensa, contradice la interpretación de que el decreto fue diseñado para beneficiar inmediatamente a Báez.

Según los números que presentaron, desde la firma del decreto hasta el primer pago transcurrieron aproximadamente diez meses.

Para los abogados, este dato también debilitaría la hipótesis de que el decreto hubiera sido creado para producir un beneficio inmediato a un determinado empresario.

LA DEFENSA HABLA DE TRES CAMINOS

La presentación no quedó limitada a una discusión histórica sobre la prueba.

Los abogados plantearon cuáles serán los próximos pasos.

En primer lugar, llevarán esta nueva información al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dentro de la instancia internacional que, según explicaron, ya se encuentra abierta.

En segundo lugar, mencionaron la posibilidad de avanzar mediante un recurso de revisión en el ámbito judicial argentino, precisamente a partir de la aparición de nueva prueba.

Beraldi explicó que la instancia internacional tiene prioridad y que, posteriormente, podrían avanzar por la vía nacional.

La pregunta que surge entonces es inevitable:

¿Puede una nueva prueba abrir el camino para revisar una condena que ya quedó firme?

La respuesta de la defensa es que sí existe un mecanismo procesal para solicitar la revisión cuando aparece prueba nueva.

“ESTO TIENE PESO”

Durante la ronda de preguntas, un periodista consultó específicamente qué importancia podía tener esta nueva prueba frente a una condena firme.

La respuesta de Borrego fue una de las frases más llamativas de la conferencia:

“Esto tiene peso, aparte de peso en kilos, tiene peso.”

El abogado sostuvo que el elemento presentado tiene importancia tanto por sus datos como por las cuestiones de arbitrariedad que, según la defensa, contiene la sentencia.

LA FRASE QUE DEJA ABIERTA LA PUERTA A UNA REVOCACIÓN

Hacia el final de la conferencia apareció uno de los conceptos de mayor impacto político y judicial.

Beraldi sostuvo que, según su interpretación, la condena presenta un problema fundamental: Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por una supuesta administración de fondos que, según él, ella jamás ejecutó personalmente, y mediante un decreto que —según la defensa— no produjo el beneficio que la sentencia le atribuye.

Lo resumió de esta manera:

“Cristina no ordenó jamás ningún pago. Ese decreto lo único que hace es asignar un fondo para que después los funcionarios competentes lo ejecuten.”

Y luego lanzó la conclusión más fuerte de toda la conferencia:

“Cuando llega el momento de condenarla, dicen que administró fondos, que jamás tocó y dicen que lo hizo a través de un decreto para beneficiar a un empresario y resulta que ese empresario no tiene ningún beneficio.”

La frase siguiente fue todavía más significativa:

“Eso es lo que nos da la tranquilidad, la confianza y la energía suficiente como para creer que esto más temprano que tarde se va a revertir.”

OCTUBRE, LA INSTANCIA INTERNACIONAL Y EL FUTURO JUDICIAL

La defensa también informó que espera comunicar formalmente esta nueva evidencia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Beraldi señaló que existe una instancia internacional abierta y que esperan que el nuevo elemento pueda ser considerado durante las audiencias previstas para octubre. Después de esa instancia, según explicó, la estrategia sería avanzar por la vía nacional mediante el recurso de revisión.

Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, los abogados fueron cuidadosos en no garantizar un resultado.

De hecho, cuando se les preguntó si el Comité trataría específicamente el caso en su próxima reunión, respondieron que no tenían constancia de ello.

Por eso, el escenario que queda planteado es de enorme expectativa, pero todavía abierto.

La defensa sostiene que apareció una prueba nueva, basada en datos oficiales, que cuestionaría uno de los fundamentos centrales de la condena.

Ahora buscará que esos elementos sean considerados en el ámbito internacional y, posteriormente, eventualmente utilizados para impulsar un recurso de revisión en Argentina.

La pregunta queda planteada:

¿Estamos ante una evidencia capaz de abrir una nueva instancia judicial para Cristina Fernández de Kirchner o será necesario atravesar todavía un largo camino para que esos datos produzcan algún efecto sobre una condena que ya quedó firme?

La propia defensa parece tener una respuesta.

“Más temprano que tarde se va a revertir”, afirmó Beraldi.

Pero el próximo capítulo ya no dependerá únicamente de los abogados: deberán intervenir los organismos y tribunales ante los cuales presenten esta nueva evidencia.