La Mega Radio
Pedro Miguel Massola
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, intervino en el conflicto laboral de Granja Tres Arroyos y Wade y dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderla otros cinco días.
La resolución alcanza a 1.200 trabajadores despedidos en territorio bonaerense y contempla la reincorporación de los empleados como condición para retrotraer el conflicto y abrir una instancia de negociación entre las empresas y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA).
De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Trabajo provincial, los despidos alcanzan a:
En total, son 1.200 puestos de trabajo alcanzados por la conciliación obligatoria. La próxima audiencia entre las partes fue fijada para el jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de las fuentes laborales.
La medida no incluye los aproximadamente 480 despidos registrados en la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que forman parte de la crisis general del grupo pero quedan fuera de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo bonaerense.
La intervención de la Provincia se produjo después de que trascendiera que Granja Tres Arroyos ya había concretado alrededor de 1.730 desvinculaciones entre establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos. La cifra representa más del 25% de los aproximadamente 6.500 trabajadores que el grupo declara en relación de dependencia.
El conflicto se desarrolla además en un contexto de plantas paralizadas, salarios atrasados, deudas y reclamos judiciales de acreedores. Según el relevamiento publicado por LA NACIÓN, los trabajadores acumularían deudas salariales correspondientes a distintos meses y al aguinaldo.
La situación financiera también podría profundizarse: este sábado, Infobae informó que fuentes cercanas a las empresas señalaron que Granja Tres Arroyos y Wade podrían presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días, en medio de una deuda que el medio ubica en unos US$350,9 millones. Este punto debe considerarse todavía como una posibilidad informada por fuentes, no como una presentación judicial ya concretada.
La compañía atribuye la crisis a factores como la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.
Desde el STIA, en cambio, rechazan esos argumentos y sostienen que se trata de decisiones empresariales. El sindicato también cuestiona el encuadramiento de algunos despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida cuando existen situaciones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo debidamente acreditadas.
Como parte de la audiencia realizada en la Provincia, también se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y un pago de dinero a cuenta que se efectivizaría durante la próxima semana.
