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Pedro Miguel Massola
La morosidad de los hogares volvió a aumentar en julio y alcanzó un nuevo récord de 5,9 millones de personas, de acuerdo con un informe de la consultora 1816 elaborado sobre datos oficiales del Banco Central.
La mitad de quienes tienen créditos irregulares registra deudas inferiores a $626.000. Sin embargo, el promedio de deuda entre las personas en mora alcanza los $4,8 millones en entidades financieras y $1,2 millones en entidades no financieras.
El deterioro se observó en 23 de las 30 principales entidades financieras durante julio.
A este escenario se suma la situación de los créditos otorgados por casas de electrodomésticos. Un informe del Instituto Argentina Grande, basado también en información del Banco Central, señaló que en junio la morosidad llegó al 60,1%: seis de cada diez pesos prestados tenían atrasos de tres meses o más. El informe estima que alrededor de medio millón de personas se encuentran en esta situación.
La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados convocó para el miércoles una reunión para analizar más de 30 proyectos relacionados con el sobreendeudamiento familiar.
La convocatoria fue impulsada por el diputado libertario Nicolás Mayoral. Desde otros sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano calificó la convocatoria como una "jugada distractiva" y sostuvo que para avanzar hacia el tratamiento en el recinto es necesario que intervengan también las demás comisiones a las que fueron girados los proyectos.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó que se convoque solamente a una reunión informativa de Finanzas y sin establecer un plazo para dictaminar. Consideró que la medida busca desactivar el tratamiento parlamentario de las iniciativas.
Mientras aumenta el endeudamiento de los hogares, 1,7 millones de personas compraron dólares en julio por un total de US$3.319 millones, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central.
Se trata del mayor volumen bruto mensual registrado en lo que va del año. Desde el levantamiento del cepo cambiario para las personas físicas, en abril de 2025, las compras de billetes acumularían unos US$44.400 millones.
Desde la organización Tejiendo el Barrio, Rodrigo Karasik advirtió sobre la relación entre el endeudamiento en barrios populares y las redes de narcotráfico.
Según la organización, parte del dinero proveniente del narcotráfico que no puede ingresar al sistema financiero formal termina destinado a préstamos informales dentro de los propios barrios.
Karasik señaló que estos préstamos pueden alcanzar tasas del 40% mensual, con un costo efectivo anual estimado en torno al 5.569%.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la caída del empleo formal y vinculó el crecimiento del monotributo con la migración hacia modalidades laborales más flexibles y con menor carga tributaria.
Consultado por el endeudamiento de las familias, descartó una intervención estatal y responsabilizó a las entidades financieras por las decisiones crediticias. Sostuvo que se trata de "gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó".
La discusión también alcanza al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La propuesta empresarial planteó un aumento del 1,8% en septiembre y del 1,7% mensual entre octubre y abril. Con ese esquema, el salario mínimo pasaría de los actuales $376.600 a unos $468.000 en abril del próximo año.
La CGT y la CTA rechazaron la propuesta. La central obrera reclama un salario mínimo de $911.202, mientras que su Consejo Directivo planteó que debería superar los $900.000 y alcanzar los $993.300 en diciembre.
La CGT también cuestionó que las reuniones del Consejo del Salario se realicen de manera virtual y reclamó encuentros presenciales.
El Gobierno deberá definir finalmente el próximo incremento mediante decreto si no se alcanza un acuerdo.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA señaló que el salario mínimo cayó otro 0,8% real en julio y acumuló 12 meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo.
Según ese estudio, el salario mínimo real se encuentra incluso por debajo del nivel registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la pérdida de poder adquisitivo acumulada habría alcanzado el 40,5%.
En conjunto, los datos muestran una tensión creciente entre ingresos, acceso al crédito y capacidad de pago de los hogares: mientras aumenta la cantidad de personas con deudas atrasadas, el salario mínimo continúa perdiendo poder de compra y el Congreso vuelve a discutir mecanismos para enfrentar el sobreendeudamiento.
