Privatizaciones bajo la lupa: las valuaciones que generan dudas y ya llegaron a la Justicia

El proceso de privatización de empresas públicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei enfrenta nuevos cuestionamientos. Según una investigación publicada por el periodista Julián Maradeo en Ámbito, existen denuncias sobre presuntas irregularidades en las valuaciones de compañías estratégicas que actualmente son objeto de procesos judiciales.

El principal interrogante gira en torno a una decisión que modificó el procedimiento habitual: el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo especializado en determinar el valor de bienes del Estado, quedó al margen de varias operaciones. En su lugar, las valuaciones fueron encargadas al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía.

Para llevar adelante esa tarea, el BICE creó en 2025 una Unidad de Valuaciones, un área que hasta entonces no existía dentro de la entidad.

¿Por qué genera polémica?

Las críticas apuntan a varios aspectos que, según los denunciantes, merecen una investigación:

• El apartamiento del Tribunal de Tasaciones en procesos donde tradicionalmente intervenía.
• La creación de una nueva unidad específica dentro del BICE para realizar las valuaciones.
• Cambios en la conducción del banco antes de comenzar esos trabajos.
• El carácter reservado de las tasaciones, que hasta el momento no fueron difundidas públicamente.
• La utilización de un organismo cuya experiencia principal no estaba vinculada a la valuación de empresas estatales.

Quienes cuestionan el proceso sostienen que estas decisiones reducen la transparencia de operaciones que involucran activos públicos de alto valor económico.

Empresas involucradas

De acuerdo con la publicación de Ámbito, las valuaciones alcanzan a empresas y activos estratégicos como Intercargo, AySA, Transener, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Hasta el momento, las privatizaciones de Transener y de las centrales hidroeléctricas son las que registraron mayores avances.

La intervención judicial

Uno de los expedientes más avanzados corresponde a Intercargo.

Tras una presentación realizada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 aceptó al sindicato como querellante y solicitó al Ministerio de Economía y al BICE documentación vinculada con el proceso de privatización y con la tasación realizada.

Entre los planteos judiciales figuran presuntas subvaluaciones, falta de transparencia, utilización de metodologías cuestionadas y el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones.

Por el momento, la Justicia no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones.

Las preguntas que siguen abiertas

Más allá del desenlace judicial, el caso deja varios interrogantes que probablemente continúen en el centro del debate:

• ¿Por qué el Tribunal de Tasaciones no intervino en estos procesos?
• ¿Qué fundamentos tuvo el Gobierno para trasladar esa función al BICE?
• ¿Por qué las valuaciones permanecen bajo reserva?
• ¿Los criterios utilizados reflejan el verdadero valor de las empresas?
• ¿La documentación completa será finalmente de acceso público?

Las respuestas a esas preguntas serán determinantes para establecer si el procedimiento se ajustó plenamente a las normas vigentes o si existieron irregularidades que deban ser corregidas o eventualmente sancionadas por la Justicia.

Por ahora, las denuncias continúan bajo investigación y será el avance de las causas judiciales el que determine si las sospechas planteadas tienen sustento.