Ajuste brutal del gobierno de Milei: recortan 2,5 billones y golpean salud, educación, provincias y obra pública

El gobierno de Javier Milei oficializó un fuerte ajuste presupuestario de aproximadamente 2,5 billones de pesos mediante la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

La medida alcanza áreas centrales del Estado: subsidios energéticos, educación, salud pública, obra pública, rutas, programas sociales, ciencia, cultura, Fuerzas Armadas y transferencias a provincias y municipios.

Uno de los recortes más duros recayó sobre provincias y municipios, que perderán más de 970 mil millones de pesos por la eliminación de transferencias nacionales y la paralización de obras públicas. El impacto afecta gastos corrientes, servicios esenciales y programas regionales. Además, quedaron frenadas obras de agua y saneamiento en provincias como Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut.

En educación, el ajuste supera los 78 mil millones de pesos. Se suspendieron fondos para infraestructura universitaria y programas educativos nacionales. También quedaron afectados el Plan Nacional de Alfabetización, becas estudiantiles y el Fondo de Compensación Salarial Docente. Entre las universidades alcanzadas aparecen instituciones de La Plata, General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

El área de salud pública sufrió una reducción superior a los 63 mil millones de pesos. El recorte impacta en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos, prevención de enfermedades y atención vinculada al VIH, hepatitis y tuberculosis. También hubo podas en organismos estratégicos como el Instituto Malbrán y el INCUCAI, donde se frenaron obras y proyectos de laboratorios.

Las Fuerzas Armadas tampoco quedaron afuera del ajuste. El gobierno eliminó más de 46 mil millones de pesos destinados al área militar. Entre las medidas aparece la cancelación de fondos para helicópteros navales previstos para la base de Puerto Belgrano, además de recortes en entrenamiento, mantenimiento y equipamiento.

El sistema de Administración de Parques Nacionales perdió más de 2.500 millones de pesos. La reducción afecta tareas de mantenimiento, patrullajes, prevención de incendios y preservación ambiental en distintas reservas naturales del país.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es mantener el superávit fiscal y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, sectores políticos, sindicales y universitarios advierten que el ajuste profundiza el deterioro de servicios esenciales y traslada el impacto económico directamente a la vida cotidiana de millones de argentinos.

El debate vuelve a instalar una pregunta de fondo: hasta dónde puede sostenerse el equilibrio fiscal cuando el recorte alcanza áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social. Mientras el gobierno defiende el ajuste como una necesidad económica, crece la preocupación en provincias y comunidades que empiezan a sentir el impacto concreto en obras, programas y servicios básicos.