Castraciones masivas: advierten por un riesgo sanitario creciente y exigen cumplir una ley vigente.

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En el marco del Día del Animal, referentes del espacio Buenos Aires Castraciones Masivas expusieron un diagnóstico crítico sobre la situación en la provincia y reclamaron la implementación efectiva de la Ley Provincial 13.879, que establece el equilibrio poblacional de perros y gatos.

Durante la entrevista, ambas especialistas explicaron que el problema no es nuevo, pero se agravó durante la pandemia, cuando el cierre de centros de zoonosis llevó la cantidad de castraciones a niveles mínimos. Desde entonces, la situación “se desbordó”, generando un aumento sostenido de animales en la vía pública.

Según detallaron, la ley establece claramente que los municipios son responsables de implementar programas de castración masiva, gratuita, sistemática y territorial. Sin embargo, muchas autoridades locales desconocen su existencia o no la aplican de manera efectiva.

El argumento central es sanitario: los animales sin control reproductivo pueden convertirse en vectores de enfermedades zoonóticas, además de provocar accidentes de tránsito, mordeduras y sobrecarga en el sistema de salud pública. “Es más barato prevenir con castraciones que atender las consecuencias”, remarcaron.

Las referentes insistieron en que el control poblacional no puede depender de iniciativas aisladas o voluntariado. Debe ser una política pública sostenida, con criterios técnicos claros: castrar al menos el 20% de la población estimada por año, actuar en zonas urbanas y rurales, y mantener campañas constantes para interrumpir el ciclo reproductivo.

También cuestionaron enfoques incompletos. Programas que no alcanzan escala suficiente o que no sostienen frecuencia terminan siendo ineficaces. “El municipio puede no matar por acción, pero mata por omisión si no castra”, señalaron, en referencia a las consecuencias indirectas de la superpoblación.

Como indicadores de éxito, mencionaron la disminución de cachorros abandonados, menos animales en la calle y la reducción de refugios saturados. Incluso citaron experiencias en municipios donde la aplicación correcta del programa permitió avanzar hacia el cierre de refugios por falta de demanda.

Finalmente, destacaron que el problema trasciende lo animal: impacta directamente en la calidad de vida de toda la comunidad. “No es solo un tema de proteccionistas. Es un tema de salud pública”, concluyeron.