La Mega Radio
Pedro Miguel Massola
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En una medida de alto impacto político e institucional, el Gobierno nacional dispuso la prohibición total de ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, retirando incluso los registros biométricos que habilitaban su acceso diario a la sede de Balcarce 50. La decisión alcanza a todos los medios que cuentan con cronistas permanentes en la casa de gobierno.
Según fuentes oficiales, la medida se tomó de manera “preventiva” en el marco de dos situaciones: una investigación por una supuesta infiltración extranjera —concretamente vinculada a intereses rusos— en medios de comunicación, y la denuncia penal contra dos periodistas del canal TN por presunto espionaje ilegal.
El conflicto se intensificó luego de la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada, que mostraban sectores internos del edificio. A raíz de esto, la Casa Militar —organismo encargado de la seguridad presidencial— presentó una denuncia judicial que recayó en el juzgado federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo.
En el expediente, se sostiene que los periodistas habrían desarrollado “actividades subrepticias e ilegales”, vulnerando normas de seguridad y exponiendo potencialmente información sensible del funcionamiento del Poder Ejecutivo.
En paralelo, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con fuertes críticas hacia el periodismo, calificando el accionar como delictivo y cuestionando a gran parte del sector.
La medida, que aún no fue formalizada mediante un comunicado oficial, implica la suspensión de la prórroga de acreditaciones correspondientes a 2025 y condiciona cualquier restitución al avance de la causa judicial en curso.
Especialistas advierten que se trata de una decisión con escasos antecedentes en democracia, ya que incluso en contextos de crisis institucional la sala de periodistas de la Casa Rosada permaneció operativa.
