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Pedro Miguel MassolaEl martes 14 de abril, en el barrio 24 de Agosto de Pehuajó, Patricia sufrió el robo de su motocicleta en un contexto especialmente doloroso: acababa de regresar de despedir a su hermano fallecido y se encontraba junto a su familia en la casa de su madre. En ese momento, una persona sustrajo el rodado que estaba estacionado en la vereda, con una facilidad que evidencia un escenario donde el delito encuentra oportunidades.
Tras el hecho, y ante la falta de una respuesta preventiva eficaz que evitara el robo, Patricia, familiares y amigos apelaron a las redes sociales. Compartieron la imagen de la moto y un número de contacto, solicitando colaboración a la comunidad. La reacción fue inmediata.
Una vecina aportó un dato clave: había observado a una persona —aparentemente menor de edad— abandonando una motocicleta en un terreno baldío. A partir de esa información, se orientó la búsqueda. Patricia también señaló que el sospechoso frecuentaría la zona del ex frigorífico.
En paralelo, surgió un intento de extorsión: un individuo con acento aparentemente paraguayo se comunicó solicitando un “rescate” para devolver la moto. Sin embargo, el aporte de los vecinos permitió avanzar sin ceder a esa maniobra.
Finalmente, y tras la correspondiente denuncia en la estación de policía local, la motocicleta fue hallada abandonada en el terreno baldío indicado. Patricia expresó su agradecimiento tanto a los vecinos como a la policía por la asistencia brindada en la recuperación.
El caso deja expuesta una situación más profunda: la prevención del delito continúa siendo un punto crítico. Si bien el esclarecimiento posterior es valorado, el daño inicial —material y emocional— ya está hecho. La reiteración de hechos similares en la ciudad plantea un interrogante central sobre la eficacia de las políticas públicas preventivas.
La recuperación de la moto es una buena noticia, pero también un llamado de atención. Cuando la respuesta comunitaria suple las fallas del sistema, el problema no desaparece: se vuelve más visible. La prevención no puede ser un aspecto secundario. La pregunta queda abierta: ¿quién debe garantizar que el delito no ocurra?
