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Pedro Miguel MassolaEn las primeras horas del 7 de abril, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen llevó adelante un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N° 20 “Las Tunas”, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Pehuajó y tuvo como objetivo la celda de un interno que, según se constató, gozaba de salidas transitorias otorgadas por la Justicia provincial.
Durante el procedimiento, los investigadores detectaron una situación que llamó la atención: dentro de un patio interno de la unidad se encontraba estacionada una camioneta Toyota SW4 vinculada al recluso. Tras las pericias correspondientes, se determinó que el vehículo tenía chapas patentes apócrifas y presentaba adulteraciones en los números de chasis y motor.
Además, se comprobó que la camioneta tenía pedido de secuestro activo por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un robo ocurrido el 1° de enero de este año.
En el mismo operativo, también se secuestró un teléfono celular que el interno tenía en su poder y que no estaba registrado dentro del sistema penitenciario, lo que constituye una irregularidad.
A partir de estos hallazgos, la Justicia Federal dispuso la formación de una nueva causa judicial contra el detenido.
El caso parece sacado de una serie, pero ocurrió en la realidad y deja expuestas grietas en los controles del sistema penitenciario, abriendo interrogantes urgentes sobre cómo se supervisan estos beneficios.
