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El periodista Ari Lijalad cuestionó con dureza la narrativa impulsada por el presidente Javier Milei sobre una presunta “operación rusa” destinada a influir en medios argentinos. En su editorial, sostuvo que la hipótesis carece de sustento sólido y la calificó como un “cuento” funcional a desviar la atención pública.
Según el análisis, el eje del argumento oficial —una inversión cercana a los 280 mil dólares para influir en contenidos periodísticos— resulta desproporcionado frente a otras cifras del escenario económico y financiero argentino. Lijalad plantea que, incluso dentro del propio material citado, no existen pruebas concretas de pagos a periodistas o medios, lo que debilita la denuncia inicial.
El editorial también señala inconsistencias en la difusión de la información, incluyendo publicaciones replicadas sin verificación completa y omisiones relevantes. En ese marco, se cuestiona el rol de ciertos espacios que habrían amplificado la versión sin chequear todos los elementos disponibles.
Más allá del caso puntual, el foco del planteo se traslada a un conflicto más amplio: la tensión entre el Gobierno y el periodismo. Lijalad sostiene que la confrontación no es personal, sino estructural, vinculada al rol de la prensa como herramienta de verificación frente a discursos oficiales.
En paralelo, el editorial vincula esta polémica con un contexto económico adverso: aumento del desempleo, caída del consumo, deterioro del poder adquisitivo y suba de la morosidad. Según el planteo, estos indicadores —muchos de ellos basados en datos oficiales— serían el verdadero trasfondo que el Gobierno busca opacar.
Finalmente, se advierte sobre el riesgo de escalar el conflicto hacia niveles institucionales, especialmente cuando desde sectores cercanos al oficialismo se promueven discursos hostiles hacia el periodismo.
