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Pedro Miguel Massola
Un estudio realizado por Zentrix Consultora entre el 18 y 19 de febrero de 2026 muestra que el 71,9% de los encuestados está a favor del paro general. El 67,5% apoya la medida con movilización y un 4,4% sin movilización. En contraposición, el 27,3% se manifestó en contra y apenas el 0,8% no respondió.
El dato adquiere mayor relevancia porque la propia CGT anticipó que no promoverá una movilización masiva. Sin embargo, el respaldo social no solo se mantiene alto, sino que se consolida como mayoritario.
En paralelo, el monitoreo sobre la reforma laboral refleja un cambio significativo. En noviembre de 2025, el 55% apoyaba la iniciativa y el 39% la rechazaba. En febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%. La brecha, que era de 16 puntos, se redujo a poco más de tres.
El contexto económico explica parte de esta reconfiguración. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados. Las pymes, que concentran cerca del 70% del empleo privado formal, aparecen como las más golpeadas por la caída del consumo, el encarecimiento del crédito y la retracción industrial.
El paro del 19 de febrero también tiene impacto económico medido. La estimación central ubica la pérdida neta de valor agregado en aproximadamente USD 461 millones para una jornada de paralización total del transporte público. Eso representa el 0,0685% del PBI nominal anual 2025 (USD 667,92 mil millones, según datos del FMI) y cerca del 19,9% de un día hábil equivalente.
Los sectores más afectados son comercio, construcción, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones. En actividades presenciales, la producción no realizada tiende a ser en gran parte irreversible.
Metodológicamente, la encuesta se realizó sobre 493 casos válidos, con cobertura nacional, diseño ponderado por región y edad según padrón electoral, cuestionario autoadministrado online y margen de error teórico de ±4,1% con 95% de confianza.
La combinación de menor apoyo a la reforma y alto respaldo al paro configura un escenario de creciente tensión entre el programa laboral del Gobierno y una sociedad atravesada por el deterioro económico.
Cuando el empleo se vuelve incierto, la discusión deja de ser técnica y se transforma en social. Las cifras muestran que el debate laboral ya no es solo parlamentario: es una discusión que atraviesa hogares, comercios y fábricas. La pregunta que queda abierta es si el sistema político logrará canalizar ese malestar en acuerdos o si la brecha continuará profundizándose.
