La Mega Radio
Pedro Miguel Massola
Según el informe oficial, ya no podrán acceder al programa quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Beneficiarios directamente excluidos
Personas que no provengan del ex Potenciar Trabajo. El nuevo esquema no admite incorporaciones externas.
Ex beneficiarios de Potenciar Trabajo que no hayan sido transferidos al nuevo programa, quienes serán derivados al Programa de Acompañamiento Social, sin acceso a las prestaciones laborales.
Excluidos por situación patrimonial o laboral
Quienes sean empleadores registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Personas que posean más de un inmueble, aun cuando no generen renta.
Titulares de automotores, embarcaciones o aeronaves con menos de 10 años de antigüedad, sin considerar su valor real o estado económico actual.
Trabajadores independientes no inscriptos en Monotributo Social o categoría A.
Personas con empleo formal bajo relación de dependencia, salvo las excepciones estrictamente previstas.
Excluidos por ingresos o beneficios previsionales
Quienes perciban jubilaciones o pensiones, tanto contributivas como no contributivas.
Personas que cobren seguro o subsidio por desempleo.
Beneficiarios de otros planes o subsidios laborales no reintegrables, aun cuando sean de bajo monto.
Excluidos por conductas o situaciones administrativas
Personas declaradas prófugas de la justicia.
Quienes hayan incurrido en falsedad de declaraciones juradas, una causal que recuerda a los controles punitivos del sistema anterior.
Beneficiarios que hayan viajado al exterior, cuando el viaje sea considerado incompatible por la autoridad de aplicación, incluso bajo criterios discrecionales sobre el “nivel de ingresos presunto”.
Expulsión inmediata del programa
El informe establece además que serán dados de baja de forma automática quienes:
Participen en cortes de rutas, calles o transportes, o impidan la libre circulación.
Incurran en actos de violencia o alteración del orden público, con notificación de organismos competentes.
Un cambio de enfoque
Desde una mirada crítica, el nuevo programa reduce el universo de beneficiarios, endurece los criterios de permanencia y refuerza un esquema de control que puede dejar afuera a personas que, aun trabajando de manera informal o precaria, no alcanzan condiciones reales de autosuficiencia económica.
La implementación y fiscalización quedará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá la potestad de interpretar incompatibilidades y definir exclusiones, un punto que ya genera debate entre organizaciones sociales y especialistas en políticas públicas.
