Diputados aprobó la baja de imputabilidad a los 14 años y el debate ahora se traslada al Senado

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en general el proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención. Fue impulsada por La Libertad Avanza y contó con el respaldo de bloques como la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

El proyecto establece que un adolescente de 14 años que cometa un delito podrá recibir una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Para su implementación, se prevé una asignación presupuestaria cercana a los 23 mil millones de pesos.

Desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei celebró la media sanción. En un comunicado sostuvo que la norma “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos”, y afirmó que sostener lo contrario “es abandonar a las víctimas”.

Las críticas: prevención, recursos y derechos

Las objeciones no tardaron en llegar. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que el texto aprobado “no dice ni una palabra sobre la cuestión preventiva” y cuestionó que no se hayan incorporado aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, que habían solicitado mayor cautela y enfoque integral.

Desde Encuentro Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto votó a favor, pero consideró “insignificantes” los recursos previstos. “Estamos hablando de 23 mil millones de pesos, que no sé para qué van a servir; el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de los 7.000 dólares”, señaló, poniendo en duda la viabilidad material de los centros de detención y rehabilitación.

Más dura fue la postura de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien rechazó el diagnóstico oficial: “No hay una ola delictiva juvenil. Lo que hay es una expansión del poder punitivo del Estado”. Sostuvo además que la baja de la edad de punibilidad podría traducirse en mayor hostigamiento policial en barrios populares.

En el plano social y pastoral, la Iglesia Católica Argentina también expresó su preocupación. En un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, advirtió que “bajar la edad no baja el delito” y cuestionó si el Estado está en condiciones de garantizar tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral y dispositivos reales de reinserción.

Un debate que atraviesa lo jurídico y lo social

El proyecto ahora será tratado por la Senado de la Nación Argentina, donde se anticipa un debate intenso. En el fondo, la discusión excede lo penal: interpela el modelo de sociedad, la responsabilidad del Estado y la forma en que se aborda la violencia juvenil.

¿Es la cárcel una respuesta suficiente? ¿O el desafío pasa por construir prevención, inclusión y oportunidades antes de que el delito ocurra? El Congreso abrió la puerta a una decisión histórica. La sociedad deberá decidir si la respuesta que busca es más castigo o más comunidad.