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Pedro Miguel Massola
Durante la sesión ordinaria de este lunes por la mañana, el Honorable Concejo Deliberante de Pehuajó trató sobre tablas el desmantelamiento, por parte del Estado nacional, del programa de tratamiento de cardiopatías congénitas destinado a bebés con riesgo de muerte.
El tema generó un contundente repudio por parte de los bloques de Fuerza Patria y de la Unión Cívica Radical, cuyos concejales advirtieron que la eliminación del programa implica dejar sin cobertura a niños que dependen de diagnósticos tempranos, derivaciones urgentes y seguimientos médicos complejos.
En contraposición, los ediles de La Libertad Avanza defendieron la política nacional, enmarcándola dentro de un proceso de “reorganización del Estado” que —según expresaron— apunta a mejorar su desempeño y eficiencia.
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Sin embargo, los hechos expuestos durante el debate reflejan una realidad preocupante: despidos y renuncias de personal especializado dejaron virtualmente desarticulado un sistema que durante años permitió respuestas rápidas ante casos críticos, garantizando no solo la atención médica sino también el acompañamiento integral de las familias.
El programa nacional de cardiopatías congénitas fue señalado como una política pública clave para asegurar el derecho a la vida de niños y niñas con patologías cardíacas graves, especialmente en contextos donde la derivación oportuna marca la diferencia entre la vida y la muerte.
La discusión dejó al descubierto una grieta profunda sobre el modelo de Estado y su responsabilidad frente a los sectores más vulnerables. Mientras algunos bloques hablaron de eficiencia y reordenamiento, otros pusieron el foco en las consecuencias humanas inmediatas de las decisiones administrativas.
El debate no terminó en el recinto. Lo que está en juego excede lo partidario: la continuidad de un sistema que salvó vidas y sostuvo a familias en los momentos más críticos. La pregunta que quedó flotando es tan simple como incómoda: ¿quién se hace cargo cuando el Estado se retira?
